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Habla la PAH sobre el decreto ley para reformar la LAU

Sobre el decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros en relación con los alquileres, la PAH manifiesta lo siguiente:

  1. Confirma la falta de ambición por parte del Gobierno de un grave problema que está impidiendo a miles de familias el acceso a la vivienda, al no atacar directamente los precios, ni intervenir directamente en el mercado.
  2. No tiene retroactividad, por lo que todos los contratos en vigor se regirán por la legislación actual, y sus posibles efectos positivos tardarán años en notarse, ya que partimos de unos precios especulativamente inflados.
  3. Carece de medidas para movilizar millones de casas desocupadas, que sus propietarios mantienen fuera del mercado con el fin de encarecer los precios de alquiler y de compra, especialmente fondos buitre, SOCIMIS y bancos.
  4. No permite a los ayuntamientos establecer índices de referencia de precios, para moderar y rebajar  los abusivos precios actuales.
  5. No modifica la legislación para que las inquilinas demandadas por sus caseros puedan defenderse en el proceso judicial, en contra del dictamen del Comité DESC de Naciones Unidas.
  6. No incluye medida alguna para la generación del Parque Público de Vivienda para alquiler asequible y social, a pesar de que en España dicho parque, apenas sobrepasa el 1% del total, mientras que, en países como el Reino Unido, Francia, Alemania, Austria y otros si sitúa en torno al 20%.

En consecuencia, la PAH considera que, para pinchar la actual burbuja de los precios de alquiler, son necesarias medidas como las que señalamos, ya que sin ellas los precios no van a bajar, y que para afrontar la actual situación de emergencia habitacional que sufre nuestro país, es imprescindible la aprobación urgente de las medidas contenidas en la Ley de Vivienda de la PAH, que está sufriendo el bloqueo fraudulento de PP y Cs, que semana tras semana andan pidiendo prórroga del plazo de presentación de enmiendas.

Desde la PAH señalamos como culpables de la emergencia habitacional al empobrecimiento general de la ciudadanía, la falta de vivienda pública de alquiler que impide modular el mercado especulativo, a los fenómenos  de turistificación, a una ausencia de compromiso con el derecho a la vivienda para favorecer los beneficios impresentables de la banca y capital especulativo y, recientemente para a colmo al incomprensible empecinamiento del PSOE  por mantener los contenidos de la Ley de Crédito Inmobiliario, absolutamente continuístas con las leyes del PP, aprobada en la ponencia con la complicidad de PP, Cs, PDeCat y PNV, y al PP y Cs que cada semana impiden que se inicie el debate de la Ley de Vivienda de la PAH.

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Defendiendo el hogar

Guía para la solicitud de medidas cautelares ante el comité DESC de Naciones Unidas para casos de desahucio sin alternativa habitacional

Esta guía pretende servir de ayuda para un uso adecuado de las solicitudes de medidas cautelares al Comité DESC sobre suspensión de desahucios sin alternativa habitacional. Desde el Grupo de Trabajo de la Coordinadora de Vivienda de Madrid sobre Medidas Cautelares venimos haciendo seguimiento de las solicitudes que conocemos y hemos contabilizado al menos 50 casos de suspensión vinculadas a la PAH y al movimiento por el Derecho a la Vivienda solo entre enero y noviembre de 2018. A través del análisis de caso, hemos aprendido numerosas lecciones para utilizar las herramientas que ofrece el sistema internacional de Derechos Humanos en nuestro favor, sirviendo a la vez para denunciar el caso concreto y para dar visibilidad y legitimar al movimiento, intentando al mismo tiempo huir del mero asistencialismo y enfocar nuestra práctica al empoderamiento popular colectivo.

Las comunicaciones al Comité DESC requieren muchas horas de estudio previo, gestión documental, revisión de datos, comunicaciones con diversos actores (grupos de trabajo, asambleas, abogados de oficio, servicios sociales, bancos, propietarios, mediadores, etc.), redacción de solicitudes, visitas a juzgados, etc. El protagonismo de las personas afectadas es esencial, así como la confianza entre estos y el movimiento, pues en cada caso ponemos en juego enormes recursos “públicos” – en términos de tiempo y esfuerzo de las personas más comrpometidas de las asambleas – que no sería justo que se desperdiciaran por un mal uso o por falta de informaciones relevantes.

En esta “Guía de Uso” ponemos por escrito las recomendaciones que hemos considerado más útiles para tener éxito desde una perspectiva amplia: no se trata tanto de parar muchos desahucios (lo que en sí mismo es bueno), sino de movilizar mejor todas las energías sociales posibles a través de procesos de stop-desahucios que generen verdaderos avances para todas. Haríamos muy mal si en lugar de mejorar nuestros métodos y ser más eficaces, con el uso de estas herramientas saturásemos el movimiento de “papeleo” y servicio asistencial sin apenas impacto real. Un caso ante instancias internacionales para proteger el Derecho Humano a la Vivienda es una oportunidad única para influir en sectores sociales diversos y provocar cambios mayores, lo que nos permitirá suspender desahucios en el futuro con mayor facilidad, pero para eso es necesario un tratamiento responsable, técnicamente riguroso y en sinergia con toda la potencia del movimiento.

DESCARGA LA GUIA AQUI

 

“Kit Dictamen DESC” para paralización urgente de desalojos

Qué contiene este KIT:

1.- Consejos orientativos para su uso (descargar).

2.- Modelo de Escrito de Solicitud Urgente de Suspensión del Desalojo (descargar) se trata de un modelo elaborado por la Comisión Jurídica de la PAH, bajo la filosofía Creative Commons. De este modo puede y debe adaptarse a cada caso, y cada persona afectada y/o su abogado/a puede y debe modificarlo a su gusto, mejorándolo incluso para dar una versión más apropiada en cada procedimiento. En cualquier caso, sirve de orientación básica para trasladar a los órganos judiciales muchas de las alegaciones que ya se están haciendo en los Juzgados y que desde la PAH venimos incorporando en nuestros escritos.

3.- Dictamen del Comité DESC de Naciones Unidas de 20 de junio de 2017 (descargar).

4.- Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2017 (descargar).

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Los desahucios siguen en aumento hasta niveles históricos según el CGPJ

Según datos hechos públicos hoy por el CGPJ, en el tercer trimestre de este año, se han producido en España 11.547 nuevos desahucios, de los cuales 3.404 son consecuencia de ejecuciones hipotecarias, 7.518 de impagos de alquiler y 625 por otras causas. La aparente reducción con respecto al trimestre anterior, se debe exclusivamente a que en este trimestre se incluye el mes de agosto, inhábil judicialmente, y en el que no se ejecutan desahucios. En total, de enero a septiembre de 2018, ambos incluidos, se han producido 44.606, y, dado que desde el Gobierno, y pese a su reiterada retórica al respecto, no se ha adoptado medida alguna, podríamos acabar el año en cifras cercanas a las mayores de los años en crisis, como las de 2013

Con estos datos, que ratifican nuevamente las valoraciones efectuadas por la PAH sobre la situación de emergencia habitacional, las burbujas del alquiler y la compra de viviendas, de las que ya alerta incluso el FMI, la gente en este país se enfrenta por un lado a la inacción del Gobierno, que podría haber aprobado ya decretos que paliasen en parte los efectos de la LAU del PP o cumpliendo con sus compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos; por el contrario, constatamos una posición negativa del PSOE en relación con la Ley de Crédito Inmobiliario, blanqueando o moderando cláusulas ya declaradas abusivas por los tribunales como la importante del Vencimiento Anticipado y excluyendo la dación en pago así como la limitación de la responsabilidad, lo que va a permitir que la gente pueda seguir siendo desahuciada y permanecer después endeudada, en lugar de haber aprovechado para hacer una ley cumplidora de los estándares europeos.

Además, nos enfrentamos al bloqueo de hecho de la Ley de Vivienda de la PAH por parte de PP y Cs, que, mediante el fraudulento reglamento del Congreso, andan pidiendo cada semana prórroga del plazo de presentación de enmiendas, impidiendo que se inicie su trámite en comisión y se avance en hacer realidad una Ley de la ciudadanía que da respuesta real a esta situación gravísima de emergencia habitacional.

Es por todas estas cosas, que la PAH hemos aprobado este fin de semana en la XXIV Asamblea Estatal realizada en Valencia, lanzarnos a movilizaciones ante este estado de cosas, buscando aunar fuerzas mediante la colaboración y convocatoria con otros colectivos y movimientos sociales que, como nosotras, defienden Derechos Sociales que son transversales para toda la ciudadanía y que están en grave riesgo, como consecuencia de las políticas neoliberales, y de sumisión a la banca, que se vienen efectuado desde los poderes públicos.

Pronto haremos una gran movilización por el Derecho a la Vivienda en España, y en Europa; pronto, unidos los Movimientos sociales, haremos una gran movilización por todos Los Derechos Sociales

¡Sí se puede!

STOP DESAHUCIOS

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Nuevo asesinato a manos del sistema

Una nueva muerte ante una orden de desahucio pesa sobre la política continuista de las leyes criminales en materia de vivienda del PSOE.

Ayer la sociedad española volvía a convulsionarse frente a la noticia de un nuevo suicidio ante una orden de desahucio. Una mujer de 65 años, del barrio de Chamberí, Madrid, se lanzaba al vacío desde un quinto piso, mientras la comitiva judicial llamaba a la puerta para desahuciarle por no poder hacer frente a la especulación de los precios del alquiler que viven las inquilinas. ¿Cuánto vamos a seguir permitiendo que las personas decidan quitarse la vida ante la desesperación y el horror de verse en la calle sin ninguna alternativa?

Desde la PAH llevamos años denunciando las leyes criminales de este país y poniendo sobre la mesa cambios legislativos para que sucesos como este no se. Cambios como los recogidos en la Ley de Vivienda que está siendo bloqueada de forma sistemática cada martes, por PP y Ciudadanos, para evitar su debate y acaba haciéndose realidad. Exigimos explicaciones y responsabilidad a todos los grupos parlamentarios, que esta situación de bloqueo ya les va bien como están demostrando al no haber trabajado las enmiendas que deberían estar debatiéndose hace un mes. Exigimos explicaciones y responsabilidades al gobierno de Pedro Sánchez, que se llena la boca con titulares de lavado de cara, pero a la práctica lo único que está llevando adelante es una reforma de la Ley Hipotecaria, para seguir protegiendo los intereses de la banca por encima del bienestar de las familias.

Hay que llamar las cosas por su nombre, no son suicidios, son asesinatos a manos de un sistema que solo se preocupa de contar los billetes, sin importarles la vida de las personas, sentado en un ataúd. Ayer fue Alicia, en junio Jordi, no son casos aislados. Por mucho que se esfuercen en silenciar la realidad, esta es que se siguen produciendo 180 desahucios diarios, de los cuales el 80% ya es de alquiler. Un procedimiento mucho más rápido que las ejecuciones hipotecarias, que amplía la angustia, que no suele dar tiempo a que la gente se empodere y que la mayoría suceden en silencio. La causa es la alfombra roja que el PP puso a la especulación y que PSOE no está teniendo ninguna prisa en retirar, bien por falta de interés o por exceso de intereses.

Exigimos que de una vez por todas se apliquen las medidas estructurales para acabar con esta tragedia social.

  • Moratoria indefinida de los desahucios
  • Debate y aprobación urgente de la Ley Vivienda PAH, por ser la única que recoge todos los mecanismos para acabar de una vez por todas con la usura de los bancos y fondos buitre, la especulación de nuestros derechos más fundamentales y ganar una ley que garantice el derecho a la vivienda para todas sin excepción.

Son más que palabras, es una realidad, hay vidas en juego y no podemos permitir que se acabe con ninguna más

Si estás de acuerdo con todo lo expuesto busca tu concentración más cercana y alza la voz

#LaLeyEspañolaMata

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A los responsables federales de vivienda, economía y justicia del PSOE

Gobierne quien gobierne la vivienda se defiende

Desde la PAH, nos dirigimos a las personas responsables de Vivienda, Economía y Justicia del PSOE, ante la situación de emergencia habitacional que sufre este país, y la falta de respuestas positivas por parte del Gobierno, en las siguientes materias:

1ª Economía.- Se está tramitando actualmente en el Congreso, la ley de crédito inmobiliario, heredada del Gobierno anterior, y elaborada por el banquero De Guindos. Este hecho, imbuye al proyecto de ley la impronta del banquero, que, en contra de la reiterada jurisprudencia del TJUE, pretende dar cobertura legal a cláusulas abusivas, bajo pretexto de consentimiento, como las suelo, en lugar de prohibirlas, establecer una cuantía fija de intereses de demora para impedir la anulación de esas cláusulas…etc. Vuelve a ignorar el contenido y efecto disuasorio de la Directiva 93/13/CE, cuya mala trasposición a la legislación española, permite que, incluso 24 años después de su publicación, se pueda condenar a España por su incumplimiento, como en el caso de las cláusulas suelo en enero de 2017. Impide que la responsabilidad se limite al bien hipotecado, y niega la dación en pago como solución a una situación sobrevenida que impida al deudor hacer frente a sus compromisos, con lo que, de nuevo santifica el que el banco, que sin duda habrá recuperado vía titulización, la totalidad de la deuda, se quede con la casa, y el deudor endeudado por el resto del préstamo, más intereses, intereses de demora, costas…

Además, blanquea la abusiva cláusula de vencimiento anticipado, moderando el número de cuotas impagadas para que el banco pueda iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria (declarado ilegal por el TJUE), y por si fuera poco, en su disposición transitoria primera establece la retroactividad, (a diferencia de lo aprobado por el Gobierno en relación al IAJD), de la citada e ilegal moderación, de forma que, a nuestro entender, y a pesar de las declaraciones de la ministra Calviño, podrían activarse cientos de miles de nuevos desahucios al aplicarse los nuevos vencimientos a todos los contratos firmados hasta ahora, y al reactivarse miles de procedimientos judiciales actualmente suspendidos. Impone también la vinculación obligatoria a esta ley para cualquier novación o subrogación del préstamo, otorgando a la banca la posibilidad de blanquear todas las Clausulas Abusivas que contenga el contrato,  en lugar de permitir acogerse a las condiciones más beneficiosas para el consumidor. Esta ley, de aprobarse en sus actuales términos, perjudica gravemente a la Ley de Vivienda de la PAH en materia de protección al deudor hipotecario, ya que sus contenidos están incluidos en esta.

Supone en definitiva, un nuevo acto de superprotección a la banca, tras la sentencia del TS y el espejismo de la transferencia de la obligación futura del pago IAJD, que les libera de la retroactividad que sí se impone con la ley De Guindos.

En consecuencia, pedimos al PSOE: Que reconsidere su actitud frente a esta ley, y acepte las enmiendas que limitan la responsabilidad al bien hipotecado, establecen como solución normal la dación en pago, y protegen al deudor de buena fe, en consonancia con la directiva  93/13/CE, y la jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas y sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria, así como que se elimine la retroactividad de la ley, salvo que sea condición más beneficiosa para el consumidor. Desde finales de septiembre, seguimos esperando respuesta a una solicitud de entrevista remitida al Ministerio de Economía para tratar estos temas.

2ª Vivienda.- Tras más de 33.000 desahucios en el primer semestre de este año, la burbuja galopante de los precios de alquiler, la subida de los de compra, cada vez más cerca de los incrementos de la época de la burbuja financiero/hipotecaria, el acaparamiento sistemático de centenares de miles de viviendas por fondos buitre y socimis, unido a la carencia casi absoluta de Parque Público de Vivienda, aunque se han anunciado varias, no se ha adoptado medida alguna capaz, al menos de paliar esta situación de evidente emergencia habitacional, y podríamos acabar el año con cifras de desahucios similares a las de los peores de la crisis.

Urge la aplicación inmediata de los acuerdos en materia de Vivienda, contenidos en el acuerdo para los PGE, que aunque insuficientes, pueden paliar, sobre todo en materia de alquileres, la burbuja especulativa que se sufre. Para la puesta en práctica de los mismos, no se precisa aprobar dichos PGE, se debiera hacer urgentemente por decreto. Urgen también medidas para movilizar al mercado, viviendas que actualmente están vacías (3,4 según el último censo del INE), es imprescindible definir legalmente el concepto de vivienda deshabitada o de gran tenedor de vivienda, para poder abordar medidas en esa dirección, para evitar la especulación. Las sentencias del TC sobre las leyes de vivienda de Andalucía, C. Valenciana ,Euskadi y Navarra, dejan claro que se puede establecer un canon contra las viviendas injustificadamente deshabitadas además de que se debe estudiar una reforma fiscal que las grave, y ello, a pesar de las competencias autonómicas en materia de vivienda, ya que el artículo 47 de la Constitución, establece como un Derecho Universal de la ciudadanía el acceso a la Vivienda, y además, mandata a las Administraciones Públicas a combatir la especulación. Tampoco se conoce plan alguno para ir generando el imprescindible Parque Público de Vivienda, para que el derecho de acceso a la misma no dependa, como ahora, de forma exclusiva del nivel de renta.Hace falta adoptar medidas urgentes  para disponerde las viviendas de quienes ahora las tienen, algunas provenientes de ayudas públicas y en manos de bancos rescatados, especialmente de Bankia.

Tampoco se nos han facilitado las enmiendas a la Ley de Vivienda PAH, lo que nos impide conocer cuál es la posición real del PSOE al respecto, y sobre Vivienda en general, aunque lo visto hasta ahora en la ley de crédito inmobiliario nos da muy mala espina, y nos inclina a pensar que, otra vez van a prevalecer los intereses de la banca sobre los de las personas, lo cual no tiene nada de socialista ni de progresista.

Aunque mantuvimos una entrevista con el ministro Ábalos en septiembre, y una más con la Secretaria General de Vivienda, y tenemos prevista otra, como ya hemos dicho, no vemos avances.

  1. Justicia.- Desde que en julio de 2017, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU emitiera un dictamen por el que condenaba a España por vulnerar el Derecho a la Vivienda, ninguno de los gobiernos habidos en España, ha hecho nada para cumplir las recomendaciones contenidas en el mismo. Además, cerca de 70 familias afectadas, han solicitado amparo al Comité, que ha pedido a España medidas cautelares concretas de suspensión temporal de desahucios. Estas peticiones, son remitidas por el Comité al solicitante, y a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, que, no tenemos constancia alguna de que los remita a ningún órgano judicial. Esto supone una clara violación de, al menos 3 artículos de la Constitución: el 96, sobre Tratados Internacionales, el 9.3 sobre el principio de legalidad, y el 10.2 sobre Derechos Fundamentales y Tratados Internacionales, igualmente supone una vulneración de la ley 25/2014 sobre Tratados Internacionales. También la sentencia 1263/2018 del Tribunal Supremo, nos recuerda la obligación de cumplir los dictámenes y recomendaciones emanados de Organismos Internacionales de Derechos Humanos y pactos suscritos por España, como el PIDESC.

 

Esta injustificable pasividad del Ministerio de Justicia, provoca además más desigualdades, ya que, hay jueces que las tienen en cuenta, y otros que las ignoran.Es urgente que el Ministerio de Justicia resuelva esta situación, para cumplir con los Derechos Humanos, los compromisos internacionales voluntariamente suscritos por España, y la Constitución, tan invocada para otras cosas mucho más superfluas para la vida de las personas.

Para tratar este tema, solicitamos también una entrevista al ministerio, el mismo día que a Economía, con el mismo resultado: Seguimos esperando.

Mientras, los juzgados Españoles se encuentran ya saturados por pleitos sobre Clausulas Abusivas que en el 98% de los casos son favorables a los clientes. Siendo así, resulta indecente que, despues de la Sentencia del TJUE sobre Clausula Suelo, aun no hayan recuperado su dinero casi la mitad de las afectadas, con lo que a los bancos les salen rentables en España los abusos cometidos y la utilizacion fraudulenta de la Justicia para retrasar lo mas posible las devoluciones, sin los intereses de demora que ellos mismos imponen a las afectadas si se retrasan minimamente.

Los 3 ámbitos expuestos, reflejan la pasividad del Gobierno en relación al Derecho a la Vivienda, sobre el que ha habido muchas declaraciones y ninguna actuación concreta, y en el que la situación de emergencia descrita en el primer párrafo del apartado de Vivienda, tendría que provocar actuaciones decididas y urgentes para poner freno a este caos especulativo, sin embargo, como hemos descrito, todo apunta a pasividad y connivencia con la banca. El PSOE está desperdiciando una oportunidad histórica para hacer justicia social, tras un rescate bancario de más de 60.000 millones sin contraprestaciones.

En España, los Derechos en materia hipotecaria o de defensa de los consumidores habidos en los últimos años, no han venido como consecuencia de cambios legislativos impulsados desde la política, sino como consecuencia de sentencias del TJUE, impulsadas en muchos casos por la lucha de la PAH. Esto genera más desigualdades, ya que, los derechos disponibles para ejercer la defensa de un deudor hipotecario, dependen de las sentencias producidas hasta ese momento, y derechos que entonces se te han negado, han sido reconocidos meses después por otra sentencia. Es por tanto imprescindible una legislación que recoja lo más avanzado para que no tenga que ser siempre el TJUE quien imparta justicia en España

Desde la PAH, estamos abiertas al diálogo, y así lo hemos demostrado, pidiendo reuniones y efectuando propuestas. Pero también exigimos medidas, algunas de las cuales se pueden aplicar ya, y sin embargo nada se mueve por la otra parte.

Estamos tan abiertas al diálogo, como dispuestas a la lucha. Acostumbradas a presionar a los bancos para conseguir paralizar desahucios, defender a las familias con daciones, recursos jurídicos, condonaciones de deudas, negociar alquileres sociales o a interponernos pacíficamente para tratar de impedir la injusticia de los desahucios. Así que, si no se deciden y aplican cambios reales, palpables y significativos, pues haremos lo que mejor sabemos hacer y mejores resultados reporta a las personas

#PSOEblanqueaLaBanca

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Sin Justicia no hay Derechos

En España, la Vivienda es un mero bien de consumo, al que se accede sólo en función de la renta, ya que el parque público no alcanza ni el 2%. Además, la cultura preponderante impuesta por los poderes públicos ha sido la de la compra, por lo que millones de ciudadanos tuvimos que firmar una hipoteca con un banco para poder comprar nuestras casas.

Esas hipotecas siempre han estado llenas de diferentes estafas: cláusulas suelo, intereses de demora, IRPH, imposición a los avalistas de la renuncia a sus derechos, cesión y titulización de créditos, vencimiento anticipado… etc. etc. etc. Estafas que desconocíamos, entre otras cosas porque la Directiva 93/13/CE no ha sido aún e traspuesta a nuestra legislación. Fue aprobada en el último mandato de Felipe González, pero ni bajo su gobierno, ni los de Aznar, ni los de Zapatero ni los de Rajoy se ha llegado a hacer. La última condena a España en relación con esta directiva fue en enero de 2017 sobre la cláusula de vencimiento anticipado 23 años después de la directiva.

Cuando estalla la inacabada crisis, y se dispara el número de tragedias de los desahucios, es cuando empezamos a ser conscientes de las magnitudes de la estafa y de la sobre protección que el conjunto de los poderes del Estado han venido prestando a la banca:

Los poderes políticos manteniendo la vigencia de una legislación décimonónica, inconstitucional, ilegal en relación con las normas europeas, además de irracional, desigual entre las partes y, sobre todo, profundamente injusta.

El Poder Judicial, excepto unas pocas y honrosísimas excepciones, aplicando esa legislación de manera rutinaria y acrítica, como en una cadena de montaje de desahucios. Además, utilizando sin escrúpulo alguno el aparato represivo para empujar, arrastras, golpear o multar a vecinos y activistas que tratábamos de impedir esas tremendas injusticias. Esto en lo que a la Justicia de a pie se refiere, porque en sus altas esferas esa súper protección les ha llevado a perder, no sólo la imparcialidad, sino hasta el pudor para, al menos intentar parecerlo:

En 2013 el Supremo dictó sentencia sobre las cláusulas suelo, declarándolas abusivas, pero limitando los efectos de ese abuso a la fecha de su sentencia, o lo que es lo mismo:  Lo ya robado, bien robado está. Tuvo que ser el Tribunal Europeo en 2016 el que le reiterase por enésima vez que las cláusulas abusivas no se moderan, se eliminan.

En 2017, el Supremo sentenció que el IRPH no implicaba falta de transparencia ni abusividad, estamos a la espera de pronunciamiento del TJUE, y todo apunta a que será contrario a esta Suprema Banca que se reúne ahí.

También en 2017, y reas la sentencia europea que declaraba abusiva, y por tanto nula la cláusula de vencimiento anticipado, sentencia que habría anulado cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, es el Supremo el que plantea a Europa una cuestión prejudicial preguntado si, a pesar de ser abusiva la cláusula, se podía continuar el procedimiento, también  preguntaron a Europa si, dado que las cláusulas de intereses de demora eran siempre abusivas, y había que eliminarlas ¿Cómo podrían ser compensados los bancos por las demoras?

Se han producido en nuestro país más de 700.000 desahucios, sin que esto haya provocado a esos jueces la menor alarma social o económica. El Tribunal de Justicia Europeo, ha dictado alrededor de 20 sentencias que han modificado nuestra legislación la misma que ha provocado esos desahucios, sin que ninguna Sala Judicial haya sido convocada de urgencia para revisarla y dictar doctrina modificándola. Quizás estaban demasiado ocupados en defender a los banco.

La Sala de lo Contencioso, que venía dictando sentencias progresistas, se ha visto destruida por los jueces defensores a ultranza de la banca en relación son las sentencias del impuesto de actos jurídicos documentados. En una convocatoria sin precedentes, y bajo criterios económicos, el todavía presidente de la Sala, antiguo empleado de la patronal bancaria, y familia de un despacho jurídico que asesoró a la banca en el caso de las cláusulas suelo Díez-Picazo, aupado al puesto por su presidente Carlos Lesmes, decide suspender recursos y convocar un pleno de sala que acaba como ya sabemos y la banca anhelaba: la vuelta a que el pago del impuesto por los hipotecados.

De forma inmediata, el Presidente Pedro Sánchez, anuncia un decreto-ley para revertir el sentenciazo y que en lo sucesivo sean los bancos quienes lo paguen, impidiendo así que quienes han sido injustamente obligados a pagarlo lo puedan recuperar, salvo sentencia en contra del TJUE claro ¡Qué curioso! ¡Lo mismo que hizo el Supremo con las cláusulas suelo…! ¡Dejen ya de trincar pero llévense lo trincado! Aunque es una acción rápida y coherente la del Gobierno La banca vuelve a ganar…

Sobre los Derechos de los hipotecados, el PSOE, vía ministra Calviño, está bloqueando las enmiendas a la ley de crédito inmobiliario que desde la PAH propusimos a Unidos Podemos en materia de protección de los deudores hipotecarios, tales como la dación en pago, la limitación de la responsabilidad al bien hipotecado, la irrenunciabilidad de los derechos de los avalistas, cesión y titulización del crédito y otras. Sin embargo, desde el Grupo Socialista, apoyado en esto por PP y Cs, se están rechazando tales enmiendas de forma que esos derechos, si no hay un cambio por parte del PSOE, no serán incluidos.

Para que se tenga claro de qué hablamos, debe saberse que el proyecto de ley de crédito inmobiliario, fue elaborado por el banquero De Guindos antes de su marcha al BCE, con su táctica ilegal de moderar cláusulas abusivas, en este caso, de nuevo la de vencimiento anticipado, y de salir aprobada ley en sus términos, se podrían reactivar cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, actualmente suspendidos en su tramitación, devolviéndonos a la situación en que los desahucios por impago de hipoteca vuelvan a superar a los de alquiler. Desde la PAH, tenemos además la percepción de que el PSOE y el Gobierno no son conscientes de los efectos que van a provocar si no aceptan estas enmiendas. El rechazo a las enmiendas, además, provocará daños colaterales en la Ley Vivienda PAH, en concreto las contenidas en el capítulo de medidas de protección a los deudores hipotecarios, puesto que esas medidas, también están incluidas en la de crédito inmobiliario, y será muy difícil después recuperarlos.

Actualmente, la Ley de Vivienda de la PAH está siendo nueva víctima del fraude sistemático de PP y Cs, que van pidiendo prórroga tras prórroga del plazo de enmiendas, impidiendo su normal y rápida tramitación. Para ellos parece más importante el bloqueo en favor de grandes tenedores de vivienda (fondos buitres, bancos y socimis) que frenar los desahucios (más de 33.000 en el primer semestre de este año), o la burbuja de los alquileres o la pobreza energética.

Por todo esto, exigimos al Gobierno que, en aras de adaptar nuestra legislación a los estándares y derechos europeos, tenga muy presente en la Ley de Crédito inmobiliario la directiva 93/13/CE sobre contratos celebrados entre profesionales y consumidores, así como la jurisprudencia del TJUE que rechaza moderar cláusulas abusivas y exige su eliminación, y que atienda a las enmiendas que van ese sentido.

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¡La Banca nunca pierde!.

 

Indignación máxima porque una sentencia firme, que anulaba el artículo de un reglamento, donde son los bancos, y no los clientes, quienes deben pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, haya sido revisada en contra de la primera decisión.

La anulación de esta doctrina abalada por tres sentencias, abre la puerta a que las sentencias que hasta ahora eran firmes, terminen siendo revocadas por una reunión posterior del pleno a estancias del desprestigiado Luis María Díez-Picazo Giménez, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

¿Que legitimación van a tener a partir de ahora los juristas que juzguen nuevos casos?, si cada vez que se va en contra de la banca, volverá a haber otro pleno en el Tribunal Supremo, que se encargará de que la banca nunca pierda.

Desde la PAH, lo tenemos claro, el que se beneficia con esta inscripción es el que tiene que pagar, el banco, y no los particulares, que no tienen ningún interés en elevar a pública esta documentación.

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Este lunes 5 de noviembre, la PAH inicia nuevas movilizaciones para que la banca pague por todas las cláusulas abusivas frente a los intentos de blanquearlas.

Tanto el Tribunal Supremo, como el Parlamento en la Ley de Créditos Inmobiliarios, han de seguir la jurisprudencia del TJUE a favor de los consumidores y anular los abusos bancarios.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró abusiva la legislación hipotecaria española, mandatando que las cláusulas abusivas han de eliminarse del contrato, gracias a lo cual el afectado ha podido reclamar al banco el dinero pagado de más o incluso suspender su ejecución hipotecaria en los tribunales, abriendo nueva jurisprudencia. Dentro de dicha vía judicial, la sentencia 1505/2018 de la sala especializada en tributos del Tribunal Supremo indica que es el banco quien debe pagar el impuesto por escriturar el préstamo, ya que precisamente eso le permite ejecutar la vivienda si se impaga alguna cuota. Otra punta de lanza para reclamar a quienes no han dudado en ejecutar hasta la casa de los avalistas.

Desde la PAH denunciamos que, en lugar de hacer justicia planteándose lo terrible de que 700.000 desahucios se hayan ejecutado a través de un procedimiento abusivo por no haber transpuesto la directiva europea de protección al consumidor, los poderes del Estado sólo se estén revolviendo por la repercusión en la cuenta de beneficios de la banca, lo que intentan paliar con 2 vías de blanqueo:

1) Presionando al Tribunal Supremo para que blanquee el alcance de la sentencia, que como cláusula viciada de origen debe ser retroactiva total.

2) Legalizando los abusos bancarios en la Ley de Créditos Inmobiliarios, diseñada por De Guindos y que ni PSOE ni Cs están enmendando para eliminar de raíz las cláusulas abusivas, entre ellas la responsabilidad ilimitada, la cantidad de intereses o la cesión a fondos buitres. Especialmente relevante es el blanqueamiento retroactivo del “vencimiento anticipado” cuando el TJUE aún está pendiente de pronunciarse, lo que supondría una nueva ola de ejecuciones hipotecarias y desahucios.

Ante esta estrategia de los poderes fácticos frente a la vía de la Ley Vivienda PAH, la PAH se pone en pie, no sólo para que los tribunales sean firmes ante los abusos bancarios, también para que el Parlamento y el Gobierno no permitan un abuso más, modificando la Ley de Créditos Inmobiliarios a favor del consumidor y aprobando las medidas contenidas en la Ley Vivienda PAH, como la dación en pago retroactiva.

Este lunes 5 de noviembre es un pistoletazo de salida para acabar con las cláusulas abusivas, interpelando a los poderes públicos para que legislen a favor del derecho a la vivienda frente a la especulación financiera.

MANIFIESTO

Ante la decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto hipotecario, la PAH manifiesta:

  • PRIMERA, QUE LOS GASTOS DE HIPOTECA LOS HAN DE PAGAR LOS BANCOS.

La razón es que los Bancos nos imponen la escritura hipotecaria a las personas consumidoras con el objetivo de, si no se pagan las cuotas hipotecarias, poder ejercer la garantía: es decir, iniciar un procedimiento judicial que puede acabar quedándose con nuestra vivienda. Por tanto, es absurdo que los gastos que ocasiona la escritura hipotecaria sean pagados por las personas afectadas, puesto que somos nosotras, las personas quienes estamos perjudicadas. Sólo el banco tiene interés en ello, como se deduce del art 29 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y recoge la sentencia 1505/2018 de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, relativa al sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados

  • SEGUNDA, EL MANTENIMIENTO DE LA SENTENCIA 1505/2018 Y EL RESPETO AL TJUE.

Nunca se ha convocado un Pleno de una Sala del Tribunal Supremo tras una sentencia. Nos encontramos ante una actuación sin precedentes: el Presidente de la Sala, al día siguiente de conocerse la Sentencia, ante “su enorme repercusión económica y social”, acordó, “con carácter urgente”, “dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recurso de casación pendientes con un objeto similar”, y “avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado”.

Esto, en su caso, debería haberse realizado antes de la sentencia, por ello la utilización indebida de las facultades legales del Tribunal Supremo, ha puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces, generando ante la ciudadanía una imagen lamentable, ya que parece que toda esta maniobra sólo tiene un objetivo: empequeñecer al máximo las repercusiones de la sentencia en la Banca.

A la PAH y a las organizaciones que apoyan esta concentración nos parece indigno que el Poder Judicial sea sensibles precisamente cuando se toca un euro de la banca, pero nunca, nunca, haya movido ni un solo dedo, cuando la ciudadanía ha sufrido lo indecible durante los años de la llamada crisis:

  1. A) Especialmente los 000 desahucios el amparo de una legislación que nos ha dejado muchas veces en una situación de indefensión, una legislación en muchos aspectos preconstitucional, e ilegal por contener infinidad de cláusulas abusivas. Ante ellas, no hemos tenido conocimiento de ninguna reunión de la Sala Judicial que estudiase las repercusiones sociales ni pudiera en duda la validez de dicha legislación; ha tenido que ser el TJUE quien, sistemáticamente, la ha refutado y modificado.
  2. B) También hemos de recordar otras prácticas bancarias abusivas, como las preferentes o las clausulas suelo. No es la primera vez que desde el Tribunal Supremo emanan sentencias o acuerdos que, después tienen que ser rectificadas por el TJUE, para proteger lo que en España se había desprotegido (por cierto, siempre a la parte más débil) o actuando deliberadamente contra la jurisprudencia del Tribunal Europeo, intentando moderar cláusulas abusivas, para permitir así una parte del abuso. Recuérdese la sentencia de la Sala de lo Civil nº 241/2013 de 9 de mayo, sobre las cláusulas suelo, limitando la restitución de lo indebidamente cobrado por la banca a la fecha de la sentencia. Teniendo que ser el TJUE en sentencia de diciembre de 2016 el que restituyera el daño provocado por el Tribunal Supremo, al ratificar por enésima vez que no se pueden moderar las cláusulas abusivas, que hay que tenerlas por No puestas. Todo ello, sin olvidar las cuestiones prejudiciales en relación con las cláusulas de vencimiento anticipado y la de intereses de demora.

Rechazamos la total falta de sensibilidad hacia los intereses de la ciudadanía y que las decisiones del TS no estén motivadas por argumentos jurídicos que las justifiquen, sino por razones económicas y sociales cuando afectan a los poderosos, como ahora, que parece que responde a presiones de la banca. Y si eso es así, denunciamos alto y claro se rompe no solo uno de los principios de la democracia, como es la independencia de la justicia, sino también que el poder judicial está sometido y al servicio del poder fáctico que constituye la banca. Esto significaría una apuesta por la ruptura del sistema democrático, y esta concentración viene aquí, hoy, a manifestar que no lo toleraráporque la justicia y las leyes han de estar al servicio de una sociedad democrática.

Por estas razones, la PAH y las Organizaciones que le dan apoyo (y que ahora pasaremos a leer) exige al Pleno de la Sala que no haga otra cosa que ratificar la sentencia 1505/2018, confirmando la obligación por parte de los bancos al pago del impuesto de actos jurídicos documentados, declarando abusiva la cláusula que impone al cliente el pago de la misma y admitiendo la retroactividad desde el origen por la anulación de esta cláusula abusiva.

Finalmente hemos de comunicar que no sólo nos preocupa el Pleno del Tribunal Supremo. Este problema de hoy no es más que la punta del iceberg. Actualmente Se está tramitando en el Congreso de los Diputados la ley de crédito inmobiliario, elaborada por el ex ministro y banquero De Guindos, y que, entre otras cláusulas abusivas, mantiene la figura del “Vencimiento Anticipado”, puenteando con todo descaro al TJUE, que está pendiente de una pronta resolución que puede declarar con bastantes indicios que el Vencimiento Anticipado es también una importante cláusula abusiva.

Desde la PAH interpelamos al PSOE para que no ratifique las propuestas del PP en esta materia y garantice todas las medidas propuestas en defensa de los deudores hipotecarios, advirtiendo que, si no se modifica el texto actualmente defendido por Cs, PP y PSOE, podrían reactivarse miles de procedimientos de ejecución hipotecaria actualmente suspendidos en la mayor parte de las Audiencias Provinciales, con el consiguiente aumento de los desahucios y sufrimiento para miles de familias.

¡POR ESO, ESTA ACCIÓN VA A SER EL PISTOLETAZO DE SALIDA PARA NUEVAS MOVILIZACIONES SI SE SIGUE LEGISLANDO EN NUESTRA CONTRA EN MATERIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS!!

POR QUE LOS BANCOS, PAGUEN LOS GASTOS DE LAS HIPOTECAS!!

POR EL DERECHO A LA VIVIENDA!!

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La legitimidad del Tribunal Supremo en entredicho una vez más

Suprema vergüenza tras la información del Tribunal Supremo de dar marcha atrás en la sentencia de los impuestos de las hipotecas

El Presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, ha tomado una decisión que provoca vergüenza suprema, después de que la Sección Segunda de la Sala dictara e hiciera pública una sentencia declarando que la obligación del pago de los impuestos derivados de la firma de una hipoteca corresponde a los bancos y no a los consumidores, el Presidente de la Sala ha ordenado la paralización de su aplicación, así como de la tramitación de todos los recursos pendientes sobre este tema, hasta que el Pleno de la Sala (31 jueces) ratifique o no la decisión de sus compañeros.

No es la primera vez que este Tribunal opta por aplicar medidas económicas frente a las jurídicas, que son las únicas que le competen. Recordemos cuando la Sala de lo Civil en mayo de 2013 dictó sentencia sobre las cláusulas suelo, limitando la devolución por los bancos a la fecha de su sentencia, y tuvo que ser el TJUE en diciembre de 2016 el que dijera que la devolución tenía que ser desde el momento de la firma de la hipoteca.

También en materia de cláusula de vencimiento anticipado, tras la sentencia del TJUE en enero de 2017, y para no cancelar todos los procedimientos de ejecución hipotecaria, planteó otra cuestión prejudicial ante el TJUE, o cuando ha aceptado moderar cláusulas abusivas en lugar de anularlas, como viene reiterando el TJUE.

La Sala de lo Contencioso ha venido dictando últimamente sentencias progresistas, a diferencia de la de lo Civil, como la de diciembre de 2017 sobre protección de los menores en caso de desahucio, o la de julio de este mismo año sobre la obligación de cumplir los dictámenes de organismos internacionales en materia de Derechos Humanos; y los poderes económicos han debido hartarse ya y han decidido presionarla para impedir que hagan Justicia, y conseguir que sigan haciendo su justicia.

Desde la PAH denunciamos esta decisión sin precedentes, y esperamos que los otros 30 jueces opten por mantener el criterio de los de la Sección Segunda, aunque para nosotras no es nuevo el tener que sufrir a una Administración de justicia servil y blanda con los poderosos y dura e inflexible con los débiles.

Ahora le toca al Tribunal Supremo defender el porqué de este cambio de rumbo. Es alarmante ver el poder que amasan los bancos y las entidades financieras, llegando al extremo de ser capaces de que el TS se desdiga en pocas horas tras haber pronunciado una sentencia. La sentencia inicial dicta que las consumidoras podrán recuperar, sin definir si con carácter retroactivo o no, los gastos de gestión de las hipotecas. Una sentencia que pone de manifiesto algo que desde la PAH llevamos 9 años denunciando y que por suerte ya no lo decimos solo nosotras, nos dan la razón jueces, abogadas, partidos políticos o la mismísima ONU.

La PAH seguirá defendiendo el sistema democrático y utilizará todos los mecanismos jurídicos y de movilización contra quienes quieren romper un sistema de convivencia basado en la justicia y la dignidad. Proteger el sistema democrático es defendernos de quienes creen que pueden romper con total impunidad nuestro sistema de convivencia. Seguiremos defendiéndolo, como siempre .

Hay que decir basta ante este nuevo ataque de la banca y exigirles que paguen lo robado, y seguir avanzando para lograr esa reforma de la Ley Hipotecaria, que incluya la dación en pago retroactiva, como tenemos recogido en la Ley Vivienda PAH, para empezar a legislar a favor de las familias y no a favor de los engaños que ya se destaparon con la explosión de la burbuja inmobiliaria y la estafa mal llamada crisis.

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El acuerdo de PGE para 2019 en vivienda: Insuficiente punto necesario de partida

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Los contenidos en materia de Vivienda contenidos en el Acuerdo para los PGE de 2019, constituyen avances en materia de alquileres, algunos de los cuáles están incluidos en la Ley de Vivienda de la PAH (LVP), aunque otros quedan muy por debajo. La ampliación de la duración mínima de los contratos y la mejora en las prórrogas, con respecto a la reforma de la LAU que hizo el PP en 2013, mejoran la situación, pero resultan claramente insuficientes para pinchar la actual burbuja de precios y dotar de estabilidad los proyectos de vida más largos y de estabilidad. La ley de Vivienda de la PAH establece 10 años de contrato y 5 de prórroga.

No se incluyen medidas para movilizar la vivienda vacía, o su uso temporal como parque público, que sí contiene la Ley de Vivienda de la PAH, y que son imprescindibles para pinchar las actuales burbujas en marcha. Es positivo que se defina legalmente qué es una vivienda vacía, y quienes son grandes tenedores de vivienda, así como el enunciado de medidas a adoptar tras estas definiciones, es fundamental que se hagan rápido ambas cosas, con fin de poder disponer a nivel público y gravar fiscalmente a esas viviendas en manos de especuladores que las retiran del mercado para incrementar artificialmente los precios tanto de alquiler como de compra.

El plan de 20.000 viviendas en 4 años, es claramente insuficiente, y su llegada, aunque positiva, no aliviará la situación actual. Se habla de un nuevo Plan de Vivienda, aunque no se dice nada de derogar o modificar el actual del gobierno anterior, y desde la PAH consideramos imprescindible, como mínimo la modificación del actual, en la dirección de que el importante gasto público que genera, sirva para ir creando Parque Público tanto para alquiler como para vivienda social.

Se habla de establecer un plan de colaboración de la SAREB para destinar vivienda a alquiler social, es positivo si mejoran las condiciones actuales de los convenios, ya que apenas aportan más que gastos a las Administraciones Públicas. Sin embargo, no se dice nada de Bankia, de prohibirles expresamente que sigan vendiendo casas y suelo, que pueden ser utilizados para Parque Público, así como de su función como Banca Pública para la financiación de los diferentes proyectos de Vivienda Pública.

En cuanto a la protección de las familias hipotecadas, ahora mismo hay dos posibilidades: las contenidas de la Ley de Vivienda PAH, como la dación en pago retroactiva, la limitación de la responsabilidad limitada al bien hipotecado, y las contenidas en el bloque de enmiendas que UP presentó, a propuesta de la PAH a la ley de crédito inmobiliario, que entre otras, impide el blanqueo de cláusulas abusivas como la de vencimiento anticipado, que si se mantiene como en la propuesta de De Guindos, podría reactivar los cientos de miles d ejecuciones actualmente suspendidas. Ambas están actualmente en trámite parlamentario y su implementación sería muy rápida.

Es positivo que las socimis empiecen a pagar impuesto de sociedades, debieran hacerlo al mismo nivel que las demás sociedades, incrementando sus impuestos por número de casas injustificadamente vacías, una vez sea definido el concepto.

Por último, tenemos que lamentar un estruendoso silencio: Ni una sola mención a los desahucios en el acuerdo, cuando sólo en los 6 primeros meses de 2018 se han producido 33.059, si no se adoptan medidas ya, a fínales de año se habrán producido en torno a 70.000 ¿Cómo se puede omitir esa mención y medidas para resolverlo en un pacto que pretende mejorar el acceso a la vivienda? Por enésima vez, tenemos que recordar que el Comité DESC de NNUU, emitió un dictamen condenatorio a España hace más de un año, y que ni el gobierno de entonces, ni el de ahora han hecho nada al respecto. En el pacto ni se menciona, ni se plantea medida alguna para frenar los desahucios. La Ley de Vivienda de la PAH sí contiene una moratoria contra los desahucios, que lamentablemente, llegará tarde para muchas familias. Deben recordar los firmantes, y los poderes públicos en general, que existe un mandato constitucional, y otro mandato legal que obliga al cumplimiento de los tratados internacionales válidamente suscritos por España, como el PIDESC, que el propio Tribunal Supremo ha recordado esta obligación en una sentencia del pasado mes de julio, y que, en consecuencia se está vulnerando la Constitución y la ley 25/2014 de Tratados internacionales y el propio pacto, suscrito por España en 1976, y vuelto a ratificar en su protocolo facultativo en 2013.

En definitiva, desde la PAH valoramos este acuerdo como un punto de partida muy insuficiente aunque necesario, consecuencia directa de las luchas que venimos desarrollando desde hace 9 años, y que esperamos y trabajaremos para que pueda ser mejorado tanto en el trámite parlamentario como en las negociaciones que tenemos pendientes y abiertas con el Gobierno y los partidos políticos.

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Siguen subiendo los desahucios


Según los datos del CGPJ hechos públicos hoy, en el segundo trimestre de este año, se han producido 17.152 nuevos desahucios,
 un total de 33.059 sólo en los 6 primeros meses de 2018 (346 en la comunidad gallega). Suben con respecto al trimestre anterior tanto los derivados de impago de hipoteca: 5.672, como los de impago de alquiler: 10.491, los 989 restantes se dan por otras causas, como por ocupación (familias que carecen de cualquier otra alternativa). Tampoco nos olvidemos sin dejar de mirar por el retrovisor de la abertura de procesos ejecutivos de futuros lanzamientos de desahucios con 20.526 en referencia a este mismo trimestre mencionado posteriormente, donde nos estamos acercando a inicios del crack en el año 2008 paulatinamente, trimestre a trimestre. Con todos estos datos no podemos dar cuenta que la burbuja inmobiliaria, ni se marchó, ni tiene tintas de marcharse. 

Por desgracia, los hechos no se cansan de darnos la razón en cuanto a la situación de emergencia habitacional que sufre este país. Y los datos pueden todavía empeorar si el Gobierno no cesa en su actitud continuista con la política del PP  en el trámite de la ley de crédito inmobiliario (propuesta por De Guindos) y dejan de intentar moderar la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, que reactivaría cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, actualmente suspendidos en su tramitación, en espera del pronunciamiento del TJUE al respecto.

Desde la PAH exigimos al gobierno que adopte ya medidas concretas que pinchen la burbuja del alquiler, como que las socimis paguen impuesto de sociedades, y que los grandes tenedores de vivienda: fondos buitre, socimis, banca y grandes inmobiliarias sean penalizados fiscalmente por cada casa que mantienen injustificadamente desocupada, hinchando especulativamente la burbuja del alquiler y los precios de compra.

Exigimos también la tramitación y aprobación urgente de la Ley de Vivienda de la PAH, que además, contiene instrumentos para la utilización temporal como Parque Público de Vivienda de las viviendas vacías en manos de la banca arrebatadas a familias desahuciadas, para frenar los desahucios, para cancelar injustas deudas de por vida y para parar la pobreza energética. 

El próximo día 17 finaliza el plazo de presentación de enmiendas a la Ley de Vivienda de la PAH, y será entonces cuando los diferentes grupos políticos den a conocer sus respectivos proyectos para atajar de verdad la situación de grave emergencia habitacional que vive este país.

Desde la PAH vamos a estar muy pendientes de esas enmiendas para que la ciudanía conozca la realidad de cada uno de esos proyectos

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La PAH por fin ha sido recibida por el ministro de Fomento

Una semana después de haber logrado pasar la toma en consideración de la Ley Vivienda PAH, hoy el ministro de Fomento, José Luis Ábalos y la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza han recibido a la PAH para tratar medidas urgentes que por motivos jurídicos no entraron en nuestro texto legal.

Hoy hemos dado un nuevo paso al frente en nuestra lucha por la conquista del derecho a la vivienda. Si hace exactamente una semana el Congreso de los diputados aceptó llevar a trámite para hacer efectiva la Ley Vivienda PAH, esta mañana, tras haberle mandado varias solicitudes de reunión, el Ministro de Fomento José Luís Ábalos se ha reunido para escuchar la voz y las demandas de la PAH.

Por nuestra parte, el objetivo de la reunión consistía en poner sobre la mesa la aplicación de medidas urgentes e inmediatas para enfrentar los desahucios, al vacío legislativo en las CCAA y buscar salidas de choque al total desmadre actual en vivienda fruto de una política neoliberal.

Por un lado, como máxima prioridad, hemos exigido el levantamiento inmediato de los recursos por inconstitucionalidad, que mantienen en suspensión leyes autonómicas como la 24/2015 catalana, la ley murciana,…. Esto garantizaría un cojín de oxígeno a miles de familias en emergencia habitacional al tiempo que permitiría a las comunidades autónomas hacer uso de sus competencias en materia de vivienda.

Por otro lado, hemos exigido la aplicación con la mayor urgencia posible, del Dictamen DESC de Naciones Unidas, que obliga al Estado a realizar todos los esfuerzos posibles para respetar el derecho a la vivienda, incluyendo la paralización del desahucio si no hay alternativa habitacional.

Respecto al tema legislativo, hemos planteado que la Ley de Vivienda de la PAH está ya en el Congreso y que pueden confluir con una Ley de Vivienda que ha anunciado el ministro.

En todo caso, hemos estado de acuerdo en la necesidad urgente de adoptar medidas de choque en varios temas que pasamos a enumerar: la burbuja en alquileres; medidas fiscales ante fondos buitre y socimis; modificar el Plan Nacional de Vivienda para posibilitar parque público urgente; ampliación de parque público viendo ante aumento de necesidades por finalización de alquileres sociales, de la moratoria y los miles de procedimientos pendientes del TJUE sobre vencimiento anticipado; banca pública/Bankia para administraciones y afectadas; enmiendas al proyecto de ley de crédito inmobiliario; ley tanteo y retracto AAPP; flexibilidad pago deudas de administraciones públicas para resolver situaciones familias afectadas, y garantizar información de las titulizaciones o cesiones de crédito de los bancos a los fondos.

Respecto a ellos, ha habido el firme compromiso de establecer un cauce permanente de diálogo entre el gobierno y la PAH para abordar todos estos temas.

De hecho, al acabar la reunión, y tras la rueda de prensa, nos hemos citado con la Secretaria General de Vivienda para empezar con los más urgentes; continuaremos el martes 23 de octubre.

La voz de la PAH ha sido escuchada con atención. Se ha puesto realmente en marcha un tren cargado de reivindicaciones. Las PAHs han de continuar la lucha para que las esperanzas cristalicen en auténticas realidades y avances del derecho a la vivienda.

Ya lo dijimos hace tiempo, si no es por la ley será por la PAH, ahora podemos decir que no desfalleceremos hasta que sea por la Ley de la PAH.

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¡Ya era hora! El Congreso aprueba la toma en consideración de la Ley Vivienda PAH

Tras una década de lucha social, llegó la hora de hacer justicia con las familias afectadas por la usura de la banca y las leyes criminales                                 

El 18 de septiembre de 2018, pasará a la historia en la lucha de los derechos civiles de nuestro país como el día en que el Congreso tomó en consideración la Ley de emergencia habitacional para familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética, más conocida como la Ley de Vivienda de la PAH.            
            
Justo cuanto se producen 10 años del estallido de la crisis financiera y la burbuja inmobiliaria, más de 700.000 desahucios después, otros tantos centenares de miles de familias que han estado o están al borde del desahucio, una incierta cifra de suicidios pero que supera seguro varios miles, después de toneladas de sufrimiento injusto, injustificable, inhumano e irracional, por fin la representación de la ciudadanía ha decidido estudiar las propuestas de la PAH, elaboradas con la autécticas conocedoras de los devastadores efectos de la crisis, la estafa hipotecaria o la actual burbuja del alquiler: las familias afectadas.     
            
En una situación de absoluta emergencia habitacional, con cerca de 16.000 desahucios sólo en el primer trimestre de este año, con unos precios y una regulación del alquiler que está expulsando a la gente, no solo de sus casas sino también de sus barrios y ciudades, precarizando aún más las condiciones de vida,  con unos precios de compra subiendo al ritmo de los años de la burbuja y sin un parque público de vivienda social en regimen de alquiler que frene las subidas, con unos fondos buitre que no paran de acaparar vivienda a precios de saldo, pero que no sacan al mercado para especular con ellas; y un oligoplio energético que inpunemente no duda en cortar los suministros básicos de agua, luz y gas, condenando a una vida de frío y oscuridad. Este es el contexto en el que ¡Ya era hora! Se escuchan nuestras propuestas.            
            
La Ley de Vivienda de la PAH es una propuesta de Justicia Social que nace del sufrimiento, pero que constituye la única esperanza para conseguir que el acceso a la vivienda en este país, pueda dejar de depender exclusivamente del nivel de renta de las familias, y llegue algún día a ser considerado como un Derecho exigible por la ciudadanía.            
            
Vamos a estar muy pendientes del trámite de la ley, no vamos a consentir que, vía enmiendas, puedan desnaturalizar el espíritu, los contenidos o el alcance de nuestra ley. Ni tampoco que con argucias retrasen su aprobación definitiva, que esperamos no más allá de la próxima primavera, porque la situación es dramática.            
            
Vamos también en paralelo, a pelear por otras medidas también imprescindibles, pero que por razones jurídicas no cabían en la ley, como la retirada inmediata de los recursos de inconstitucionalidad contra todas las leyes autonómicas que interpuso el gobierno del PP, vamos a exigir el cumplimiento inmediato del dictamen del Comité DESC de la ONU, a pelear por una reforma fiscal de la vivienda que saque al alquiler los 3,5 millones de casas vacías que hay según el INE…           
            
Y aunque somos fuertes, este camino no lo vamos a hacer solas, sino de la mano de la Alianza contra la Pobreza Energética, que ya colaboró en el redactado de la Ley, y del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos. Colectivos sociales, que junto a la PAH, luchan por el Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada en este país; así como un gran número de movimientos sociales que nos han acompañado en este proceso y continúan estando a nuestro lado.       

 

Largo ha sido el camino desde que la PAH nació en febrero de 2009, dispuesta a cambiar las cosas, revertir los sentimientos de culpa, vergüenza y miedo de las familias afectadas hacia el empoderamiento y hacer entender que no somos culpables, sino víctimas de un sistema dominado por la banca y unas leyes de vivienda totalmente criminales.

El objetivo principal estaba claro, lograr un nueva legislación.

Nos decian que era imposible, que las cosas eran así, que no las podriamos cambiar, pero nosotras sabiamos que lo imposible solo tarda un poco más. Alzamos la voz y con paso firme llegamos al Congreso.

Hoy arranca una etapa de esperanza, una oportunidad para reparar una injusticia histórica y evitar que se repitan los devastadores hechos que nos han traído hasta aquí.

¡Sí se puede!

#YaEraHora

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Grazas á presión social a Lei Vivenda PAH chega ao Congreso


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Blackstone y Tinsa van al Congreso a responder ante la Comisión Investigación crisis financiera España.

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Bajo las siguientes consignas:

1-     La vivienda es un derecho, no una mercancía. Contra el acaparamiento especulativo de los Fondos de títulización, Fondos Buitre y Socimis.Queremos parque público de viviendas. 

2-     Contra la ingeniería legal y sus aliados necesarios: NO a la Ley de contratos de Créditos Inmobiliario 

3-     No son suicidios, son asesinatos

¡Atenta a nuestras redes sociales y busca la acción más cercana!
El jueves 28 súmate a las acciones de la PAH en todo el Estado, a los bancos que están vendiendo las vidas de las familias a Blackstone.

Desde que posó sus garras sobre nuestras casas, Blackstone, a través de un complejo entramado de sociedades, se ha convertido en la primera inmobiliaria privada en España, despachando un trato indigno a sus inquilinas y contribuyendo a inflar la escandalosa burbuja del alquilerBlackstone, el mayor fondo buitre del mundo, aterrizó en nuestro país en 2013 cuando la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, le vendió 1.860 viviendas protegidas en alquiler de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) por 128,5 millones de euros. Una operación escandalosa que abrió las puertas a que, a día de hoy, Blackstone sea el mayor gestor inmobiliario y hotelero en España, patrocinando cientos de desahucios y la actual burbuja de alquiler.

Un año más tarde compró 40.000  hipotecas por 4.000  millones  de  euros,  con un fuerte descuento (que no se ofreció a los hipotecados), en un proyecto llamado Hércules, a Catalunya Caixa: una banca previamente rescatada con 12.000 millones de dinero público cedidos sin ninguna contraprestación social a cambio, que no dudó en deshacerse de sus activos tóxicos en lugar de rescatar a las familias, que previamente había estafado. Blackstone creó Anticipa, su filial en España, para gestionar estos casos. Desde entonces, este fondo buitre ha creado decenas de SOCIMIS, empresas que gracias al Partido Popular y su creación de un régimen fiscal privilegiado, están libres de pagar  el impuesto  de  sociedades y un sinfín de operaciones que han dejado a las familias con hipotecas o alquileres en manos de bancos como Catalunya Caixa, BBVA, Santander o Banco Popular, en total indefensión.

Por el camino dejan un sinfín de prácticas mafiosas como la extorsión, el chantaje, el soborno, alquileres superiores a las capacidades de pago (excusados en las ayudas de la Administración), cláusulas abusivas o la venta de las viviendas antes de la finalización de los contratos de alquiler social para provocar la expulsión de las inquilinas.

Tinsa Es una empresa líder en las tasaciones inmobiliarias; se hablan de profesionalidad, técnica, fiabilidad,… para la PAH es una empresa al servicio del capital, responsable de miles de tasaciones abusivas e infladas; ha estado en la base del sistema corrupto actual, basado en que la vivienda no es un derecho humano, sino una mercancía con la que ganar dinero, a costa del trabajo y de la vida de miles de personas. Por eso, este 27 vamos a decirles NO a ellos y al proyecto de Ley de Contratos de Créditos Inmobiliarios, de Guindos, que quiere frenar de raíz  todo el éxito que ha supuesto considerar el Vencimiento Anticipado como una cláusula abusiva del TSJUE, utilizando mecanismos como el paso de renta variable a renta fija en nuevas novaciones,….

Y quién es Jordi R.F? Un hombre de unos 45 años, electricista parado, que se lanzó por la ventana desde la décima planta de un edificio situado en la calle Camélias de Cornellà de Llobregat (Barcelona) cuando la comitiva judicial que iba a desahuciarlo se ha personado en su casa. Ha muerto a manos del sistema bancario y de la legislación criminal de este país, en materia de vivienda. Iba a ser desahuciado porque no podía hacer frente al pago del alquiler de su vivienda al Banco Popular. Una vivienda recientemente adquirida por el fondo buitre Blackstone.

¡No es un lema, es una realidad! Hay vidas en juego y ha llegado el momento de poner una solución, para evitar que se sigan sesgando.

Los buitres campan a sus anchas gracias a la complicidad política, y no estamos dispuestas a permitirlo más. Seguiremos golpeando desde abajo, peleando caso a caso, hasta lograr que se legislen nuestras demandas recogidas en la #LeyViviendaPAH, logrando esos cambios estructurales que garanticen de una vez por todas en este país el derecho a una vivienda digna, estable y asequible.

Hemos de cambiar la legislación que favorece a los intereses del capital especulativo, aumenta la emergencia habitacional y nos echa de nuestras casas. Sí, hemos de luchar cada caso, pero no cambiará nuestra vida si no lo hacen las condiciones de los créditos abusivos y las políticas por el derecho a la vivienda.

Descargate aquí un informe que no te puedes perder

#StopBlackstone

#StopViolenciaInmobiliaria

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El PP se compromete públicamente a apoyar la Ley de Vivienda de la PAH

Durante los próximos meses la PAH acudiremos al Congreso de los diputados para exigir la firma de compromiso de todos los grupos parlamentarios para que se legisle, lo antes posible, la Ley de Vivienda de la PAH un texto de ley que recoge cinco medidas de mínimos para afrontar la emergencia habitacional.

La primera es la dación en pago retroactiva, que representa un salvavidas para las más de 600.000 familias en procesos hipotecarios que han sido ejecutados por los bancos, perdiendo su hogar y arrastrando una deuda de por vida. La segunda es la necesidad de una moratoria de los desahucios, para que no se repita la oleada de desahucios que la ciudadanía hemos sufrido durante la última década. La tercera incide en el aumento del parque público de vivienda. Hablamos de un parque que, a día de hoy, no supera el 1% en todo el estado español. Una cifra ridícula, incapaz de dar respuesta a la realidad, y que se aleja sobremanera de la media mínima del 15% de parque público existente en el resto de la Unión Europea. La cuarta es garantizar los suministros básicos de agua, luz y gas asegurando un acceso integral y digno a la vivienda.

Y la quinta es garantizar los derechos de las inquilinas mediante una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Durante los últimos años hemos padecido en nuestros municipios unas constantes subidas de los precios y un recorte de la duración en los contratos que aplasta cualquier proyecto y perspectiva de futuro de las familias. Las cifras rondan el 15% de subida de media en las principales ciudades del estado, convirtiendo el alquiler en un problema ya que tampoco puede ser un modo de vida sostenible. Sólo en Barcelona la subida ha llegado a aumentar más del 24% en los últimos tres años. De esta forma, se imposibilita, a las mismas familias que son incapaces de vivir en propiedad, que tampoco lo hagan de alquiler, relegándolas a la incertidumbre y la violación sistemática de sus derechos. Para solventar esta situación, desde la PAH proponemos la creación de un índice de referencia para regular los precios de cara a proteger el Derecho a la Vivienda. Medida que ya existe y funciona eficazmente en municipios de Alemania, Francia y los países escandinavos.

Precisamente, ayer se aprobó en el Congreso una Propuesta No de Ley presentada por el grupo parlamentario Unidos Podemos que seguía la línea de establecer un marco legislativo que protegiera los derechos de las inquilinas. Sobre su propuesta, valoramos en positivo que se proponga dotar a los Ayuntamiento la capacidad de incidir sobre los precios del alquiler, también volver a los 5 años de duración en los contratos y la eliminación de facilidades fiscales para las SOCIMIS, conocidos por ser los fondos de inversión que han protagonizado la compra de vivienda pública. Sin embargo, destacamos la necesidad de que quede recogido en futuras propuestas de ley que nunca más se pueda volver a vender vivienda pública en este Estado , y también de ampliar los contratos de alquiler hasta a 10 años de duración cuando el propietario sea un gran tenedor  de vivienda.

Hay que destacar que, durante el debate parlamentario, el Partido Popular extrajo durante su intervención un flyer de la Ley de Vivienda de la PAH y aseguró ser el único grupo parlamentario que asumía las demandas de la ciudadanía. En las próximas semanas nos reuniremos con todos los grupos parlamentarios para instarles a ratificar su apoyo a nuestras demandas y, visto que el gobierno del PP acaba de realizar una aseveración tan directa, lo coherente, lo que exigimos, ya que ellos nos han dado pie, es que el Partido Popular deje por escrito que facilitará el trámite del texto de ley que la PAH registraremos en el Congreso. Y aún más, sabiendo que el gobierno del PP tiene la capacidad de vetar, durante un mes, cualquier propuesta de ley que se registre en el Congreso, dicho compromiso para con nuestro texto de ley debe incluir la promesa pública de no interponer ningún veto. Un mínimo que ya les trasladamos cuando realizamos una ronda de negociaciones sobre el contenido del texto con todos los grupos parlamentarios el pasado mes de mayo. Sería muy desafortunado que el PP hubiera lanzado semejante afirmación teniendo en cuenta que, recientemente, el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha dictaminado que en el estado español se violan sistemáticamente los Derechos Humanos en materia de vivienda. Una vulneración que se traduce en la ejecución de 173 desahucios diarios según datos del Consejo General del Poder Judicial.

La PAH se toma las cosas en serio porque hay vidas en juego. Llevamos tiempo no solo parando desahucios y desobedeciendo leyes injustas, sino proponiendo soluciones. Soluciones que el Partido Popular rechazó y suspendió cuando se legislaron a nivel autonómico. Es por eso que instamos al gobierno, al Partido Popular, que  no solamente escuche o tome un panfleto, sino que aplique las medidas que se proponen en La ley de Vivienda de la PAH, porque son medidas de sentido común que dan soluciones a toda la ciudadanía. Nosotras hablamos de derechos, del Derecho a la Vivienda, del derecho a poder empezar de cero, de poder vivir en nuestras ciudades, de poder abrir un grifo y salga agua. Porque actuamos con la seriedad que implica que cualquier familia, en cualquier pueblo del territorio español, tenga garantizado poder vivir en un hogar dignamente.

#LeyViviendaPAH

 

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La Galicia de los pisos vacíos

299.396 es el número de viviendas vacías registradas en Galicia en el año 2011

De los 1,5 millones de viviendas registradas en Galicia, en ese año, que casi 300.000 estén vacías suena escandaloso, pero factores como el abandono rural, que registra treinta aldeas que cada año se van quedando vacías en Galicia, por motivos como el envejecimiento, la baja natalidad y la dispersión demográfica debido al paro y al estilo de vida urbano son motivos de esa despoblación.

Cada casa que se cierra en una aldea, no vuelve a ser habitada y yá van más de 1200 aldeas abandonadas.

¿Hay tanta vivienda vacía?,  los bancos ya no “regalan” hipotecas y la gente se tiene que ir de alquiler. Pero ese alto número de viviendas desocupadas, propiedad de emigrantes que invirtieron parte de sus ahorros no están en el mercado de alquiler porque además de desconfiar del trato que recibirán sus viviendas por parte de los inquilinos, no necesitan un rendimiento económico de esas propiedades y por otro lado, ofertarlas en época estival es más rentable.

Otra cosa es hablar de la SAREB, que oferta viviendas en Bergantiños, Ribeira, Cee, Portosín, Burela, A Guarda, Sanxenxo, procedentes de las 15.000 viviendas financiadas por NGC Banco ( Nova Caixa Galicia – Novagalicia Banco – ABANCA).

De las más de 100.000 viviendas vacías repartidas por todo el país, en este enlace tenéis algunas de las que hemos localizado, nuestras casa en Galicia

En Vigo, A Coruña y Ourense se juntan más de 50.000 viviendas vacías, ¿cuántas de ellas podría poner la administración a disposición de las familias desahuciadas o incapaces de acceder a un alquiler?, ¿cuántas de ellas proceden de la SAREB?.

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Las PAHs se movilizan en más de 50 municipios marcando a bancos y suministradoras por la Ley de Vivienda de la PAH — Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

La Ley Vivienda PAH quiere garantizar el Descanso Real Ya para todas las personas que sufren la emergencia habitacional: familias endeudadas de por vida, personas en alquiler inestable u ocupaciones en precario y afectadas por cortes de suministros. Hoy, miércoles 19 de julio, señalizamos en más de 50 municipios a los culpables de la emergencia…

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KIT RDL 5/2017 Moratoria e Aluguer Social

Acábase de aprobar o Real Decreto 5/2017 que modifica o Real Decreto 6/2012 (Coñecido como Código de Boas Practicas) e a Lei 1/2013 que decretou unha tímida moratoria de 2 anos para algúns casos de desafiuzamento.

Aínda que se anuncian como medidas urxentes para reforzar a protección dos debedores hipotecarios, as modificacións teñen un alcance limitado e cosmético, para a galería, pois non soluciona as carencias das versións anteriores e non aborda a situación actual de miles de persoas en emerxencia habitacional.

A principal novidade é que este Real Decreto amplía os supostos de especial vulnerabilidade para a moratoria, a todas as familias con menores de 18 anos, independentemente do número ou idade, cuestión que dende a PAH xa denunciaramos mediante o recurso de inconstitucionalidade que expomos contra a Lei 1/2013.

Con todo, aínda que se teña unha situación “vulnerable”, mantense o requisito “económico”, que obriga a demostrar que o esforzo no pago da hipoteca incrementouse no últimos catro anos. Concretamente o artigo 1.3.b que di: “Que, nos catro anos anteriores ao momento da solicitude, a unidade familiar ha de sufrir unha alteración significativa das súas circunstancias económicas” e compleméntao co punto 4 do mesmo artigo cando di: “A efectos do previsto neste artigo entenderase: Que se produciu unha alteración significativa das circunstancias económicas cando o esforzo que represente a carga hipotecaria sobre a Renda familiar multiplicado por 1.5”.

Este requisito “económico” non ten en conta a cronificación da situación da pobreza que foi facendo imposible o pago das cotas por dificultade acumulada tras varios anos de redución de ingresos, aínda que a cota mantívose máis ou menos estable.
É habitual caer en falta de pagamento de hipoteca por esgotamento no esforzo económico tras varios anos obtendo ingresos irregulares de aquí e de alá, con independencia da cota.

Cando se redactaron as moratorias orixinais, anos 2012 e 2013, este criterio podía ter certo sentido, pero entón as situacións de vulnerabilidade contempladas eran máis restritivas e, por tanto, tampouco eran medidas reais e efectivas para a maioría das familias afectadas. Por iso, a medida chega tarde e mal, xa que miles de familias que se puideron beneficiar desde o ano 2013 ata agora, xa non teñen opción, e hoxe en día, moitas delas viven pendentes de desafiuzamentos de aluguer.

Outro aspecto que contempla a Lei é un aluguer para as mesmas familias que teñen dereito á moratoria. A familia deberá afrontar, se quere acceder a iso, o pago da taxación da súa vivenda a fin de calcular o prezo da cota de aluguer, que será dun máximo do 3% anual do valor actual da vivenda, pero non regula nin limita estes alugueres en función da situación social e económica das familias que se poderían beneficiar. En conclusión, a medida establece un impedimento á vez que obriga a pagar a taxación que pode custar uns 400 euros ou máis, e deixa en mans das entidades financeiras o feito que sexa ou non unha medida efectiva para as familias que poidan pagar a taxación.

Este aluguer establecerase por cinco anos (o anterior era só por tres) o que parece un incentivo para que as persoas con moratoria non esgoten o prazo total ata maio de 2020, aínda que teñan dereito a iso.

Achegámosvos os documentos útiles para o seu respectivo uso:

  1.  SOLICITUD MORATORIA 2017
  2.  SOLICITUD ALQUILER SOCIAL CBP 2017
  3.  Escrito suspension lanzamiento EH 2017-SIN ABOGADO
  4.  Escrito suspension lanzamiento EH 2017-CON ABOGADO
  5.  Cuadro comparativo de las normas, en tres ámbitos de interés(coas reformas en amarelo e as principais modificacións en verde):
    – Ámbito de aplicación da situación de vulnerabilidade.
    – Novo prórroga de prazo de suspensión de lanzamentos (ata o 15 de maio de 2020).
    – Mecanismos de aluguer (sobre inmobles obxecto de lanzamento + suspensión).
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CAMPAÑA DE ADHESIONES EN APOYO A LA LEY DE VIVIENDA DE LA PAH

¿Quieres que 166 familias sigan siendo desahuciadas cada día?
¿Quieres que la Banca devuelva lo robado con cláusulas suelo, IRPH, y demás abusivas?

La PAH hemos presentado a los partidos del Congreso nuestra propuesta de #LeyViviendaPAH: 5 medidas de mínimos para garantizar el Derecho a la Vivienda de todas:

1. Dación en Pago Retroactiva
2. Alquileres Asequibles
3. Stop Desahucios
4. Vivienda Social
5. Suministros Garantizados.

Necesitamos de tu apoyo para presionar en el Congreso, pues esta ley es para todas.
Firma en nuestra lista de adhesiones y formarás parte de la campaña por la #LeyViviendaPAH que acabará con los desahucios.

Adhesiones a la ley de vivienda de la PAH

Tenemos 1 mes hasta que el Congreso decida si aprobarla o no.

Únete, firma y difunde, ¡entre todas lo lograremos!

#LeyViviendaPAH
#SíSePuede

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Ley de Vivienda de la PAH

5 propuestas por el derecho a la vivienda y contra los desahucios

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentamos nuestra nueva campaña: la Ley de Vivienda de la PAH, 5 propuestas por el derecho a la vivienda y contra los desahucios, a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.Estas cinco propuestas son:1) Dación en Pago Retroactiva, y eliminación y compensación por cláusulas abusivas.2) Alquiler Asequible, para garantizar estabilidad y precios adecuados.3) Stop Desahucios, para que no haya ni un solo desahucio más.4) Vivienda Social, para realojar familias en pisos vacíos en manos de la banca.5) Suministros Básicos Garantizados, para que toda familia tenga acceso a agua, luz y gas.Hoy presentaremos la Ley de Vivienda de la PAH a todos los grupos parlamentarios para que la estudien. En un mes volveremos a reunirnos con ellos para que confirmen su apoyo a un texto de ley que ponga fin a la situación de emergencia habitacional que miles de familias están viviendo cada día en sus casas.Durante este mes las PAHs seguiremos en las calles, en nuestras asambleas, haciendo charlas y debates para hacer llegar nuestras demandas a todo el mundo, vamos a seguir presionando y visibilizando que hay vidas en juego. Consultar el calendario de la campaña y el texto legal en este enlace: leydeviviendapah.comDurante los últimos 8 años hemos denunciado la vulneración sistemática del derecho a la vivienda, hemos actuado de urgencia parando desahucios, recuperando vivienda vacía en manos de entidades financieras o haciendo acciones de presión y denuncia a la banca y administración. Hemos hecho posible lo que nos decían era imposible. Y desde el primer dia hemos propuesto cambios legislativos realistas para garantizar derechos. Así lo hicimos en 2013 con la ILP hipotecaria, una propuesta de ley que pese a tener un apoyo social aplastante, la mayoría absoluta del PP la bloqueó. Entonces, empezamos con mociones municipales y con Iniciativas Legislativas Populares en los Parlamentos autonómicos.Hoy volvemos al Congreso con la Ley de Vivienda de la PAH, 5 propuestas por el derecho a la vivienda y contra los desahucios. Nuestra propuesta de ley pretende superar los parches del PP: el Código de Buenas Prácticas que ha dado solución al 0,5%, la Moratoria de desahucios que solo ha paralizado un 4,6% o el Fondo Social de Viviendas que no ha dado respuesta más que al 1%. Una propuesta, la nuestra, que confronta propuestas como las del PDECat de criminalización de la pobreza y el desahucio exprés sin buscar la solución: garantizar el derecho a la vivienda.La ley de Vivienda de la PAH propone soluciones estructurales para garantizar el derecho a la vivienda y poner fin a los 166 desahucios al día, para poner fin a los cortes de agua luz y gas, así como garantizar el fin de las deudas de por vida y dar herramientas para ampliar el parque público de viviendas en alquiler social, pasando del 1% al 15%, movilizando la vivienda vacía. Una propuesta que no olvida que más de la mitad de los desahucios que se producen son de alquiler, y por eso proponemos reformas que hagan del alquiler una opción estable, segura y asequible.Con la Ley de Vivienda de la PAH, vamos a interpelar a todos los grupos del Congreso, a todos. A los que se comprometieron con la ILP hipotecaria 2013 y al que se opuso, así como a los que dijeron que se comprometían, ante el recurso al TC, a extender a todo el estado los derechos que nuestra ley 24/2015 confería. Les vamos a interpelar para que reafirmen, ahora sí, que están a favor de la ciudadanía y por el derecho a la vivienda y para que lo que muchos partidos políticos defienden a nivel autonómico se haga realidad en todo el territorio. También interpelaremos al PP, que ha legislado y actuado para mantener los privilegios de la banca en detrimento de los derechos de todas, porque nuestros derechos están por encima de los beneficios de la banca.La presentación del texto abre una nueva campaña bajo el título de Ley de Vivienda de la PAH, mediante la cual vamos a buscar el posicionamiento público de Ayuntamientos, Parlamentos Autonómicos y colectivos a favor de que se legislen nuestras demandas. Pero queremos hacer hincapié a las miles de personas anónimas que durante estos 8 años de vida de la PAH se han dejado y se están dejando la piel en defender y conquistar aquello que que nos quieren arrebatar: tener un hogar. En la PAH llevamos ocho años demostrando que parar desahucios era más que posible. No sólo hemos paralizado miles de desalojos. También hemos conseguido realojar a 3.500 personas, en viviendas vacías que estaban en manos de la banca a través de la campaña Obra Social la PAH. Según datos de la Generalitat de Catalunya, gracias sólo a la ley 24/2015 conseguimos paralizar más de 40.000 cortes de agua, luz y gas. Hemos cambiado las leyes en Cataluña, Murcia, Baleares y Valencia. Incluso ahora estamos en medio de una ILP autonómica para acabar con los desahucios en la Comunidad de Madrid. No nos rendimos, y por muchos palos en las ruedas que nos quieran poner, en Madrid, estamos convencidas de que vamos a ser capaces de recoger 50.000 firmas como ya hicimos en el año 2013, para hacer del Derecho a la Vivienda una realidad para todas las madrileñas, mientras tanto a nivel estatal seguiremos reclamando la Ley de Vivienda de la PAH. Porque legislar leyes a favor de las familias es sólo cuestión de voluntad políticaLos grupos parlamentarios deben escuchar los reclamos de la ciudadanía y legislar para proteger y hacer cumplir los Derechos Humanos. El reto de nuestro texto de ley es mucho más que un tema de vivienda, pues implica directamente al modelo de Camara Legislativa que tendremos durante los próximo años. O bien un modelo falso donde se legisle a favor de intereses privados o una Camara Legislativa que sirva para proteger los derechos de toda la ciudadanía. No olvidemos que todos los desahucios ocurridos desde el inicio de la estafa, mal llamada crisis, se han asentado en la existencia de leyes injustas. Leyes declaradas ilegales por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lejos de solventar la situación de las familias, el Congreso ha sido utilizado para sacar adelante medidas para proteger a la banca y las eléctricas, vulnerando el Derecho a la Vivienda recogido en el artículo 47 de la Constitución Española. Es la hora de que por fin, las demandas de la ciudadanía entren al Congreso, y sean aprobadas para que nunca más ninguna familia se quede en la calle.Llegó la hora de demostrar si tenemos un congreso a favor de la ciudadanía o de bancos y suministradoras. No queremos palabras, queremos aprobar la Ley de Vivienda de la PAH¡Sí Se Puede!#LeyViviendaPAHAquí podeís consultar el texto legal
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El TJUE vuelve a dar la razón a la PAH.

El TJUE vuelve a dar la razón a la PAH: abre la puerta a exigir la nulidad de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria y los desahucios desde 1995.

El TJUE analizó la consulta prejudicial, elevada el 10 de septiembre de 2014 por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santander (Cantabria) sobre la validez de una cláusula de vencimiento anticipado presente en la hipoteca firmada con Banco Primus a la que se sumaba hace un año la elevada del magistrado Jesús Alemany Eguidazu del Juzgado número 1 de Fuenlabrada (Madrid), en torno a una ejecución hipotecaria iniciada por Bankia que, en virtud de la aplicación de una cláusula de vencimiento anticipado activada por un impago por parte de su cliente, reclama de golpe los 149.103,84 euros del principal de préstamo, más 1.313,28 euros por intereses remuneratorios vencidos e impagados, 27,82 euros por intereses moratorios vencidos e impagados y 45.000 euros más por intereses y costas, según el cálculo provisional de la entidad.
Esta cláusula en cuestión, la sexta bis, apartado segundo del préstamo hipotecario de Bankia a su cliente, recoge que “el préstamo se considerará vencido y consiguientemente resuelto […] en los casos siguientes:
a) La falta de pago de una cuota cualquiera de amortización incluidos todos los conceptos que la integran”, “solicitando expresamente las partes la constancia de este pacto en los libros del Registro de la Propiedad”.

¿Cuál es el papel de los Registradores de la propiedad, los notarios, en la firma de una hipoteca?
¿Qué garantía que aporta su firma a la validez de un contrato?, ¿alimentar la estafa bancaria?.

Esta situación llevó al magistrado, a presentar una consulta a la Corte de Luxemburgo el pasado 8 de febrero de 2016, cuestionando las consecuencias efectivas que tendrían sobre la hipoteca declarar nula una cláusula como esta.
El juez preguntó, si anular la cláusula permite también detener la ejecución hipotecaria o en qué condiciones debe continuar desarrollándose esta, alegando que “la cuestión planteada es de relevancia general” ante la “disparidad de pronunciamientos en los tribunales españoles” sobre esta materia, pues el Tribunal Supremo ya había declarado la nulidad parcial de este tipo de cláusulas, en una causa contra el Popular y el BBVA, pero su dictamen no suponía el fin de la ejecución hipotecaria.

Ante el peligro de afectación a la concesión general de crédito para la compra de vivienda, proponía sustituir la cláusula exigiendo un mínimo de tres impagos para que el banco actúe, y recuerda que “la tutela de los consumidores aconseja evitar interpretaciones maximalistas, que bajo una apariencia de máxima protección, tengan como consecuencia paradójica la restricción del acceso al crédito hipotecario y, derivadamente, a la adquisición de vivienda en propiedad”. “Declarada la admisibilidad de las cláusulas de vencimiento anticipado en los términos expuestos, el mismo principio de equilibrio en las prestaciones que ha de presidir su interpretación, revela lo inadecuado de obligar a las entidades prestamistas, ante comportamientos de flagrante morosidad, a acudir en exclusiva a la vía declarativa para obtener la resolución contractual” en lugar de permitirles una resolución ejecutiva de la misma.

Aunque la banca ya no actúa hasta el tercer impago y que aún entonces suele abrir una negociación con las familias a fin de tratar de evitar quedarse con la vivienda y seguir engrosando la importante carga de inmuebles con que cargan ya las entidades en balance.
El juez de Fuenlabrada, estimó que la “espera mínimamente tolerable” para iniciar acciones contra el deudor podría “situarse en el momento en que la entidad financiera entrara en pérdidas económicas derivadas del préstamo”, como ocurriría cuando el coste de provisionar los impagos sufridos supere los rendimientos obtenidos por el banco hasta la fecha.

Aún así, desde la PAH exigiremos la nulidad de todas las ejecuciones hipotecarias desde 1995 con el apoyo del TJUE.

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El fin de la moratoria del Gobierno ante los desahucios.

Otra vez estamos como en 2015, con la incertidumbre de saber ¿qué pasará con las familias que se han beneficiado de la moratoria del gobierno?, el plazo espira el 15 de mayo de 2017.
Nos encontramos ante una reforma hipotecaria fallida, por su clara insuficiencia e ineficacia para abordar las causas y consecuencias, residenciales y sociales, del grave problema de la vivienda provocado por las numerosas ejecuciones hipotecarias y desahucios de viviendas principales, en propiedad y alquiler.

Somos conscientes de que el gobierno no ha hecho mucho ante la realidad que vive la ciudadanía desde que empezó la crisis. A día de hoy más de 642.000 familias se han visto en procedimientos de ejecución hipotecaria y más de medio millón de familias han sido desahuciadas de sus viviendas y esto continúa día a día.

La PAH viene exigiendo una modificación de la Ley desde sus inicios hace ya casi 8 años, con la ILP con la que recogimos casi 1,5 Millones de firmas, con las Exigencias PAH, con las 5 de la PAH y el Gobierno no ha hecho más que rechazar nuestras exigencias, poner medidas cosméticas y recurrir todas las leyes autonómicas que se han ido aprobado en muchas comunidades.
El Gobierno ha fijado, durante este tiempo tres plazos de límite: primero el 16 de noviembre de 2014 que fijó el R.D.-Ley 27/12; después del 15 de mayo de 2015 según  la Ley 1/2013, y por último, según el Real Decreto Ley 1/2015 hasta el 15 de mayo de 2017.
Pero esta Ley sus sucesivas modificaciones, no han resuelto nada o muy poco ya que solo se han acogido 22.850 familias hasta septiembre de 2016, lo que resulta un numero bastante bajo en relación a la cantidad de familias desahuciadas.

“Y esto ocurre por los estrictos requisitos que se han fijado que dificultan el acceso a esta Ley a la mayoría de familias, dejándolas fuera”.

Muchas familias que no han podido mejorar su situación económica en todos estos años ven con angustia como pasan las semanas y meses y cómo se acerca indeseablemente esa fecha. Claramente siguen sin tenerse en cuenta las dificultades de las familias 

La PAH de Pontevedra exige que las familias han de poder vivir en sus viviendas sin otro límite de tiempo que hasta que se le ofrezca una alternativa habitacional, eliminando toda otra restricción para acceder a este derecho que no sea la vivienda habitual y que no haya recursos.

“Todos los partidos políticos tienen una inmediata responsabilidad en encontrar  la solución a este drama sino en unos meses puedan dejarse en la calle a cerca de 25.000 familias”.

Necesitamos un cambio urgente de la legislación española, necesitamos un cambio total de las políticas de vivienda de las administraciones de Estado español. Debemos luchar por una promoción prioritaria del alquiler social y sumar al precario parque público de viviendas de alquiler social esas viviendas vacías en manos de entidades financieras y de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria).

¡SI SE PUEDE!.

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Nueva sentencia que avala la dación en pago. Urgen cambios legislativos

Sentencia 732/2015 del 7 de Diciembre de 2016

“La sentencia del juzgado Mercantil nº 10 de Barcelona, de 7 de noviembre de 2016, que hoy ha sido anunciada avala la denuncia de la estafa hipotecaria que llevamos haciendo desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca desde 2009:

¡no es una crisis, es una estafa!

Esta sentencia recoge la dación en pago por vía judicial, es decir, cancelar la deuda hipotecaria al entregar la vivienda. El juez argumenta que no tiene sentido que el hipotecado asuma responsabilidades de por vida mientras que al banco se le permite adjudicarse el inmueble por un 60%, perseguirte de por vida y después vender el inmueble a mayor precio, es decir, la entidad bancaria se adjudico la vivienda por un precio que ya cubría la deuda, tasación hecha por la propia entidad y, ademas,luego lo vendió por uno precio muy superior al adjudicado, obteniendo beneficios por ambos lados (adjudicación y venta) con un derecho básico, el acceso a la vivienda.

Celebramos que hayan jueces valientes que apliquen la directiva europea 93/13, declarando abusiva, y por lo tanto nulas, cláusulas que ya no deberían de existir si el Gobierno hubiese adaptado la directiva europea en la norma Española. Exigimos cambios legislativos que den soluciones universales y no tener que pelear caso a caso por la vía judicial. Así como hicimos en 2013 con la Iniciativa Legislativa Popular hipotecaria que planteaba la dación en pago retroactiva. Iniciativa que contaba con 1,5 millones de firmas y un amplio apoyo social; cambios que se vieron bloqueados por el servilismo del PP a la banca.

Desde la calle lo tenemos claro, hacen falta cambios legislativos como los que planteamos en 2013 o los que planteamos con las 5 de la PAH, el Tribunal de Justicia de la UE también lo tiene claro, cada vez más jueces españoles dictan sentencias en este sentido. Ahora nos toca presionar al Gobierno para hacer efectivos estos cambios.

Nos alegramos de esta nueva sentencia, seguiremos luchando para buscar soluciones estructurales y colectivas para que cualquier familia, que padezca o haya padecido los estragos de la estafa hipotecaria, tenga una segunda oportunidad. 

Porque hay vidas en juego

Enlace original

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Gastos de formalización de las hipotecas.

En los últimos días se han conocido sentencias a nivel estatal y Europeo que señalan prácticas abusivas, engañosas y fraudulentas por parte de los Bancos y Financieras tales como la imposición de la cláusula suelo, el cobro de gastos de constitución de hipotecas, etc…

La sentencia 705/2015 de 23 de diciembre del Tribunal Supremo declaró abusiva la cláusula en la que el BBVA impone al prestatario el pago de todos los gastos, tributos y comisiones derivados del préstamo hipotecario, y cuyo texto es el siguiente:
“Son de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados por la preparación, formalización, subsanación, tramitación de escrituras, modificación -incluyendo división, segregación o cualquier cambio que suponga alteración de la garantía- y ejecución de este contrato, y por los pagos y reintegros derivados del mismo, así como por la constitución, conservación y cancelación de su garantía, siendo igualmente a su cargo las primas y demás gastos correspondientes al seguro de daños, que la parte prestataria se obliga a tener vigente”.

De forma parecida, y en algunos casos idéntica, se encuentra redactada dicha cláusula en la casi totalidad de los contratos de préstamo hipotecario.

La sentencia del Tribunal Supremo consideró nulas las cláusulas que imponen al consumidor los gastos de formalización y constitución de hipotecas, ya que a pesar de que el banco es el mayor beneficiado con la formalización de la hipoteca, es el consumidor quien paga todos los gastos en la práctica.
¿Qué gastos se pueden reclamar?:
1. Facturas de Notaría y Registro de la Propiedad:
El Tribunal Supremo dice en su sentencia que, “en lo que respecta a la formalización de escrituras notariales e inscripción de las mismas (necesaria para la constitución de la garantía real –o sea la hipoteca-), tanto el arancel de los notarios como el de los registradores de la propiedad, atribuyen la obligación de pago al solicitante del servicio de que se trate o a cuyo favor se inscriba el derecho. Y quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista, pues así obtiene un título ejecutivo, constituye la garantía real, y adquiere la posibilidad de ejecución especial”. Al no permitirse una mínima reciprocidad en la distribución de los gastos producidos como consecuencia de la intervención notarial y registral, haciendo recaer su totalidad sobre el deudor, se genera un desequilibrio al consumidor, por lo que la cláusula es abusiva.
2. Impuesto de Actos Jurídicos Documentados:
De acuerdo a la Ley que regula el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: “será sujeto pasivo del impuesto el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales o aquéllos en cuyo interés se expidan”.
Esto también se puede solicitar a la Agencia Tributaria.
¿Cómo puedo reclamarlos?

Estamos a la espera del Kit que está elaborando la Comisión jurídica de la PAH que lo tendremos listo esta semana, pero en un principio se está hablando de que en primer lugar deberá de hacerse una reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente del banco con quien se contrató el préstamo hipotecario, o en su caso, de la nueva Entidad que se haya fusionado o haya absorbido a aquél a quien se le pidió el dinero para la constitución de la hipoteca.

Transcurridos dos meses desde dicha reclamación, haya contestado o no el Servicio de Atención al Cliente, y siempre que la respuesta, en caso de haberla, haya sido negativa, se podrá proceder a interponer la correspondiente demanda judicial ante el partido judicial del domicilio del prestatario o deudor o del domicilio social del Banco, indistintamente.
Lo que se ha de solicitar en la demanda que se plantee ante el Juzgado, será la nulidad de la cláusula por abusiva, y la restitución de los gastos abonados como consecuencia de dicho pacto, los que deberán de ir perfectamente documentados con sus correspondientes facturas:
(Escritura de tu hipoteca, Factura del notario, Factura del registrador, Carta de pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (modelo 600)).
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Cláusula suelo, una más entre un montón…

Kit cláusula suelo:

“Desde el tamaño de la letra hasta la renuncia de los avalistas a todos sus derechos, las hipotecas contienen numerosas artimañas que abocan a los desahucios”.
Si tienes hipoteca quizás eres uno de los cientos de miles de ciudadanos que firmaron una hipoteca con trampa: cláusula suelo, índice IRPH…, “cláusulas buenas para tu banco y fatales para la economía de tu familia”.

¿Qué es la cláusula suelo?,
La cláusula suelo es un tope bajo los que los intereses nunca podrían reducirse, pues como la mayoría de hipotecas en España están referenciadas al euríbor y como este índice que se calcula a nivel europeo fluctúa constantemente, los bancos al conceder un crédito, exigen en la devolución el pago de ese euríbor más un diferencial.
Por ejemplo, un préstamo a euríbor+1 significa que tiene los intereses del euríbor y un punto extra. Estos intereses se revisan cada semestre o año, en los que se actualiza (y con ello la letra mensual a pagar) según la cotización del euríbor.

¿Porqué se ha montado todo este revuelo?.
Cuando en el año 2008, el euribor superó el 5%, los deudores hipotecados con euribor+1 pasaron a pagar un 6% de interes, la clásula techo estaba en el 13%.
Pero cuando en el año 2009, el euribor empezó a desplomarse mes-a-mes, estos mismos deudores dejaron de ver de bajar sus mensualidades pues se encontraron con cláusulas suelo entre el 2% y 3%, de esta forma la Banca siempre gana.

Ante la imposibilidad de poder aprovechar esta bajada de intereses, “muchas familias empezaron a darse cuenta de que tenían cláusula suelo”, “de que no las habían informado” y acabaron consiguiendo que en el 2013 el Tribunal Supremo las declarara nulas en los contratos pero que no afectaba a las cantidades ya pagadas que no iban a ser devueltas.

¿Como saber si tienes cláusula suelo?.
En primer lugar, hay que sospechar si las cuotas del préstamo no se han reducido de forma abultada y suelen estar incluidas en los apartados de “tipos de interés del préstamo” y bajo definiciones como “interés mínimo”, “límite de variabilidad de intereses”, “límites a la aplicación del interés variable”. La redacción más usual de esta cláusula es algo semejante a: “En ningún caso el tipo de interés nominal anual resultante de cada variación podrá ser inferior al X%”.
En caso de no encontrarlo en el contrato del crédito, se puede consultar el recibo bancario del último pago del préstamo. Si el tipo de interés que aparece como pagado no es igual a la suma del Euribor más el diferencial pactado, efectivamente su hipoteca tiene una cláusula suelo, y ese interés es el tope.
Las cláusulas suelo, además, deben incluir una cláusula techo que no sea abusiva. En la práctica, no ha sucedido así, puesto que las entidades han incluido máximos de hasta el 12%, cuando el euribor en España no ha superado en ningún momento el 6%.

¿Qué puedes hacer si tienes todavía una cláusula suelo?.
Ante la posibilidad de que los bancos recurran (pues tienen 20 días), acercase a las sucursales y exigir la anulación de la cláusula y su aplicación y la devolución del dinero cobrado de más.
Mientras el Gobierno no apruebe el decretazo…, ¿qué podemos hacer?:

1) En los casos en los que las entidades anularan las condiciones abusivas de forma unilateral, podemos reclamar todo el dinero cobrado en exceso, que es la cifra que no conseguimos ahorrarnos por la existencia de un interés mínimo (cláusula suelo).

2) Los clientes que nunca hayan reclamado la devolución de la cláusula suelo, lo pueden hacer desde el incio del crédito.

3) Los clientes que en el año 2013 en adelante, hubiesen llegado a algún tipo de acuerdo con su entidad, pueden denunciar a su entidad, cabiendo la posibilidad de que pierdan el juicio, debido a la interpretación que pudiera hacerse de cada caso.

Y no te olvides, del “redondeo al alza”, de la “cuota final” de hasta el 30% del capital prestado, de las “comisiones por reclamación de posiciones deudoras”, del “intereses de demora” de hasta el 19%, del “vencimiento anticipado por impago”…, y podríamos no parar.

Acércate a tu entidad Bancaria y que no te “desinformen” ó acude a tu Plataforma de Afectados por la Hipoteca más cercana si crees que por falta de pago puedes llegar a perder tu vivienda familiar habitual.

[RECUERDA]
Apoya a la PAH, ayuda a la PAH para acabar con la estafa Bancaria y colabora para denunciar a quienes han diseñado leyes a medida que desprotegen a las personas hipotecadas que por motivos como el paro o la subida de las cuotas no pueden hacer frente a las letras.

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Asamblea, 14 de Enero

Somos un movimiento ACTIVISTA, ASAMBLEARIO, donde la participación es VOLUNTARIA y la organización y asesoramiento, COLECTIVO y GRATUITO.

Sómos apartidistas, escapamos de toda ideología política que no sea social y por el derecho a la vivienda.
El empoderamiento y el trabajo colectivo de cada miembro es la base de la plataforma, los roles son rotatorios y escapamos de cualquier actitud clientelar, paternalista e individualista

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Pontevedra es un lugar de encuentro de personas afectadas por las hipotecas, alquiler o por la imposibilidad de acceder a una vivienda digna, así como de personas solidarias. Es una asociación ciudadana, de lucha, solidaria y sin subvenciones públicas, gratuita y nadie cobra por colaborar en ella.

Somos personas que nos hemos unido para hacer frente a una situación injusta, víctimas de una estafa hipotecaria que sólo está sufriendo la ciudadanía, mientras los bancos son rescatados con dinero público.

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Sobre la sentencia de la cláusula suelo del TJUE

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de 21 de Diciembre de 2016

La justicia Europea obliga a la banca española a devolver todo el dinero cobrado de más de las “cláusula suelo” desde que se firmó la hipoteca, de esta manera corrige a la Justicia Española, declarándolas abusivas, que sólo obligaba a devolver el dinero de las hipotecas firmadas desde Mayo del año 2013, porque como los bancos habían sido rescatados con casi 50.000 millones de euros, estaban en situación delicada como para hacer frente a esa devolución.

Ahora habrá que ver como materializar estas medidas, pues el Gobierno ya se ha pronunciado diciendo que “los bancos y los consumidores deben ponerse de acuerdo entre ellos”. Con este pronunciamiento, las entidades tendrían que devolver:

BBVA, 1200 millones de euros.
CaixaBank, 750 millones de euros.
Banco de Sabadell, 352 millones de euros.
Banco Popular, millones de euros.
Liberbank, 129 millones de euros.
Bankia, millones de euros.

El abuso ha quedado tán claro, que deberíamos de reflexionar sobre el correcto funcionamiento de los reguladores (Banco de España), porque es un escándalo que este abuso se haya producido durante tanto tiempo y sólo mediante la movilización ciudadana se haya conseguido que esto termine en la justicia. Cuando esperamos del Gobierno que sea una especie de abogado del ciudadano ante el abuso de los poderosos, nos encontramos con que esquivan el problema tanto ellos como los tribunales y una vez más nos hacen no seguir creyendo en el sistema.
Nunca han tomado partido, nunca han investigado los engaños de la banca con todo tipo de ofertas en sus redes de sucursales, que aprovechándose de la buena fé de sus clientes que no leían ni las cláusulas ni la “letra pequeña” aceptaban todo tipo de productos.

Las cláusulas suelo se imponen en el año 2009 y hemos tenido que esperar a 2013 para que estas hayan sido llevadas a los tribunales y declaran que son ilegales, pero con matices, pues la banca estaba en una “situación complicada” después de recibir el rescate financiero de Europa y no aplica la retroactividad anterior a Mayo de 2013.

Cuando se ha intentado que el regulador, el Banco de España y su Gobernador hasta Junio de 2012, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, declarara porque no alerto, advirtió o porque no cumplieron con su trabajo, nunca hemos llegado a escuchar ningún tipo de explicación.

Las familias afectadas por cláusula suelo que ya hayan interpuesto demanda colectiva o individual deberán esperar a por esta última sentencia del Tribunal de Justicia Europeo para intentar ejecutarla en España a través de los tribunales ordinarios.

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Infancia desahuciada

Por fin tenemos entre manos la presentación del estudio sobre Infancia y Desahucios:
Te quedarás en la oscuridad. Desahucios, familias e infancia desde un enfoque de derechos, realizado entre PAH Madrid, Enclave de Evaluación y Qiteria sobre cómo están afectando a niños, niñas y adolescentes los procesos de desahucio en nuestro país.
Aquí podéis descargaros el estudio:
Te quedarás en la oscuridadBuenas Compas! Por fin tenemos entre manosTe quedarás en la oscuridad. Desahucios, familias e infancia desde un enfoque de derechos.

 

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Pobreza energética en Galicia

La pobreza energética en el estado Español es una realidad que ya ha arrastrado a la muerte a más de 7.000 personas.
En otras palabras, un 1 7% de la población tiene dificultades para pagar la luz, el gas o el agua.
Los cortes de electricidad, 506.481 de los cuales fueron ejecutados por Endesa y 265.175 por Iberdrola afectaron a más de 700.000 de familias en 2015 (Gas Natural Fenosa no da esta información).
Son demasiadas las familias que se ven obligadas a decidir entre pagar la hipoteca, pagar la energía y el agua o alimentar a sus hijos e hijas, y eso sin contar al colectivo de personas que, por motivos de salud, un corte en el suministro energético pone en peligro su vida.
A pesar de todo esto el oligopolio energético –Endesa, Gas Natural-Fenosa, Iberdrola, EON España y EDP– y AGBAR, lejos de sufrir la crisis, aumentan sus beneficios y no dudan en incrementar tarifas: la electricidad ha subido un 83% desde 201 3 y el agua se ha encarecido en un 65% desde 2008.
Según la Oficina de Derechos Sociales de Coia, “en la Galicia 65 mil personas sufren pobreza energética: no pueden hacer frente a las facturas de luz, gas o calefacción.
Mientras la desigualdad y la precariedad crecen, la factura eléctrica no para de subir. Tenemos la tercera electricidad más cara de Europa.
El 4 de Diciembre el ayuntamiento de Vigo encenderá el alumbrado de Navidad en el que va (vamos) gastar más de 200.000 euros, y en el que se encenderan 839.000 de pequeñas luces de colores.
Cada año cientos de personas mueren solas en sus viviendas en Galicia sin que nadie se  dé cuenta, una situación que aunque no es exclusiva castiga de forma especial al colectivo de mayores: 121.500 personas de más de 65 años viven solas, de ellas, 24.500 han cumplido ya los 85 años o más, y de estas 22.300 son mujeres y solo 2.300 son hombres.
El aislamiento y la despoblación rural es un factor determinante, pero  los casos se registran también en las ciudades. Y muchas veces son  estos cuerpos, de personas que con el paso del tiempo han visto enterrar  hasta a la última de sus amistades, los que más días se tardan en  descubrir.
“En el año 2013, 54 muertes fueron de personas que vivían solas. Adultos de entre 60 y 90 años”, controlados en la  distancia por hijos o nietos que viven en la ciudad y que un día  llegan de visita y los hallan muertos.
Muchos, libremente, deciden  vivir en la miseria aunque tengan su paga. Malviven y mueren como  quieren, sin percatarse de sus malas condiciones.
Aunque la sociedad Gallega es una sociedad  familiar, cada vez hay menos hijos, y además el anciano quiere estar en su medio.
Otros factores que se repiten, en buena parte de los casos, son la  mala alimentación, el desbarajuste en la medicación, el descuido  personal, la falta de higiene y un deterioro cognitivo que muchas veces  aparece asociado a síndromes como el de Diógenes.
El sistema público de residencias y centros de día, está “desbordado”. 
Los recursos de los servicios sociales que  prestan los Ayuntamientos, no llegan, porque es “imposible  atender gente tan dispersa, pues hay más de 1.500 aldeas abandonadas y 820 con un solo vecino , y el problema no está valorado suficientemente  por parte de la Administración, pues las pulseras de teleasistencia se muestran ineficaces.”
Los ancianos mueren por fallo cardíaco, hemorragias  cerebrales y tumores en la mayor de las soledades, aparte de los muertos  naturales. También los hay que aparecen carbonizados intentando combatir el  frío y los que se suicidan cuando intuyen, a veces equivocados, que les llega la muerte.
Según el INE, 106.000 gallegos de más  de 65 años (el 74% mujeres) no comparten sus vidas con nadie y 322.500  mayores de 75 padecen diversas patologías.
La Sociedade Galega de Xerontoloxía cuantifíca en 350.000 los jubilados que  viven solos o con otro mayor de 70. De estos, 56.000 subsisten en zonas aisladas, muchos con pensiones “de caridad” y  en “infraviviendas”. A veces, cuando son pareja deciden morir juntos.  Hace seis años, los bomberos hallaron a un matrimonio sin hijos,  tendido en el suelo y abrazado en un piso del barrio vigués de Coia. Él  había muerto hacía 15 días. Ella dejó de comer y se echó a su lado para  morir.
“Hay casos de  personas en silla de ruedas, ciegas, obesas, con tabaquismo y  dependencia del oxígeno que tienen que subir 30 escaleras”. Ancianos que  “no saben marcar un teléfono”. Que “se pasan el día en la cama”,  “rodeados de basura”. “No quieren dejar su casa ni gastar dinero”,  lamenta Jose Luis Cascallana Álvarez.
Los hay con pensiones miserables a quienes, al morir, se les descubren miles de euros en la ropa interior o  escondidos en la casa.

Según Julio Jiménez, responsable del Imelga en Ourense, las  incapacidades se duplicaron desde 2015, rondan ya unas mil al año en su  provincia y están desbordándolos. “En el partido judicial de Verín se  hizo casi un internamiento involuntario cada semana en 2014, unos  trances, el arrancarlos de sus casas, que llegan a ser muy violentos”,  reconoce Serrulla. “A veces llegamos tarde, y ya están muertos. Otras,  los internas creyendo que les haces un favor y en pocos días se mueren,  quizás de pena. Alguno se suicida en la residencia. Y nos queda el  sentimiento de culpa”.

“Desigualdades sociales en salud”.

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Exclusión residencial en el mundo local: Informe de la crisis hipotecaria en Barcelona (2013-2016)

Descarga aquí

Ésta semana se ha presentado el informe “Exclusió residencial al món local: Informe de la crisi hipotecària a Barcelona (2013-2016)” junto con el Observatori DESC en el marco del seminario “Seminari Internacional sobre els nous reptes a Barcelona: el mercat de lloguer, la gentrificació i el turisme”.
Con unas cuotas en ascenso, se computa que el 53,9% de las familias tienen que asumir una hipoteca superior a sus ingresos y que el 10% de los hogares no ingresa nada.
En el podréis encontrar:
– Quiénes son los bancos responsables de estas situaciones.
– El perfil sociológico del estudio.
– Resolución de casos.
– La respuesta de la administración.

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JORNADAS POR EL DERECHO A LA VIVIENDA ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO

(Plaza de la Villa de París, 6,7 y 8 de octubre)

MANIFIESTO

En España las entidades financieras y los especuladores crearon durante años las condiciones para la generación de una burbuja inmobiliaria por la que una mayoría de la población se endeudó por décadas para acceder a una vivienda. En 2008, el sistema económico asociado a esta burbuja colapsó, y su resultado directo fue el desempleo masivo y la degradación de las condiciones de vida de la población.
Desde entonces, las entidades financieras han ejecutado cientos de miles de procedimientos judiciales, de dudosa legalidad, contra las víctimas de la burbuja. Por medio de la fuerza, se ha expulsado de su hogar a ciudadanos de a pie, familias completas, sin importar la edad, la presencia de niños y niñas, mayores, y dependientes. Se han generado deudas perpetuas y condenado a la “muerte civil” a personas cuyo único afán había sido contar con un techo digno y trabajar para pagarlo. En los últimos ocho años se cuentan más de 600.000 ejecuciones hipotecarias, con el resultado de al menos 200.000 expulsiones de la vivienda habitual.
En este contexto de crisis humanitaria, los poderes públicos acudieron al rescate de los especuladores, especialmente las Cajas de Ahorro, aportando más de 53.000 millones de euros de fondos públicos. Al mismo tiempo, acometieron recortes sociales, bajaron los salarios, congelaron las pensiones, perdonaron la evasión fiscal, bloquearon el procesamiento de los responsables de la burbuja y se negaron a aprobar una iniciativa popular que recogió un millón y medio de firmas por la paralización de los desahucios.
La conducta antisocial de los poderes públicos ha llegado al punto de boicotear las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condenaban a España por mantener vivo un procedimiento de ejecuciones y desahucios inhumano. La sentencia del caso Aziz, de 14 de marzo de 2013, declaró que los procedimientos para cobrar deudas hipotecarias vulneraban derechos fundamentales, impedían la defensa, y permitían el abuso bancario masivo. Aun así, las autoridades responsables de frenar esta injusticia han hecho todo lo posible por proteger los intereses del poder financiero. En particular, el Tribunal Supremo mantiene a día de hoy que “las ejecuciones hipotecarias no se pueden suspender porque no son tan perjudiciales para los deudores” (Sentencia de 23 de diciembre de 2015), o que “las cláusulas suelo son abusivas, pero que devolver todo el dinero a los afectados sería peligroso para el sistema financiero” (Sentencia de 9 de mayo de 2013).
La lista de actos de violación de Derechos Fundamentales por parte de los poderes financieros y sus cómplices en el poder político, incluye la Estafa de las Preferentes, la venta a Fondos Buitre de Viviendas Sociales, la convivencia pacífica con decenas de desahucios diarios, las puertas giratorias, la Ley Mordaza, las Tasas Judiciales, la criminalización de familias sin recursos que recuperan viviendas de bancos para dormir bajo techo, la reforma del artículo 135 de la Constitución, las tarjetas Black, la corrupción crónica, …
Sin embargo, la letra y el sentido de muchas leyes sigue apelando a una idea de justicia que
defienda al débil, castigue al culpable y, – tal y como establece el Preámbulo de la
Constitución: “garantice la convivencia democrática conforme a un orden económico y social justo…… en el que se proteja el ejercicio de los derechos humanos,…”.
Pon encima de ello, contamos con la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de cumplimiento obligatorio, que reconoce el derecho a una vivienda y a unas
condiciones de vida dignas.
En este panorama de sufrimiento y dolor que llega a costar vidas humanas, muchas ciudadanas hemos encontrado un punto de apoyo en la solidaridad de nuestras semejantes,
organizándonos colectivamente para transformar la resignación en acción, el desamparo en esperanza, y la injusticia en rebeldía.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (la PAH), junto con muchos otros colectivos,
constituye una primera línea de empoderamiento ciudadano y defensa de los Derechos
Humanos, a pesar de muchas decisiones judiciales.
El Tribunal Supremo es la cúspide del Sistema Judicial español, y ante sus puertas, exigimos hoy al mundo de la Justicia:
1.- La aplicación directa de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ordenando la
paralización inmediata de todos los desalojos sin alternativa de vivienda digna.
2.- La aplicación efectiva de la normativa europea (TJUE) que obliga a eliminar todas las
cláusulas abusivas de los contratos, compensando a los afectados por los daños producidos.
En consecuencia, deben anularse todos los procedimientos ya terminados en los que no ha
existido derecho a la defensa y cancelar las deudas generadas en esos procesos ilegales.
3.- Que se investiguen y juzguen las actividades presuntamente delictivas de las entidades
financieras que promovieron la burbuja y se beneficiaron de la crisis, y se depuren
judicialmente las responsabilidades políticas.
4.- Promover la despenalización de la ocupación de viviendas vacías por necesidad, y promover la tipificación del delito de usura.
5.- Investigar la venta de viviendas sociales a Fondos Buitre, proteger a las víctimas de sus
desahucios y adoptar medidas de reparación al daño causado.
6.- Por último, exigimos la absolución de todos los detenidos y multados por participar en las movilizaciones contra los desahucios, pues no han hecho sino cumplir con su deber de defensa de los Derechos Humanos.

Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
Madrid, 6 de octubre de 2016.

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#AbsoluciónTatoYRafa

Hoy, el Juzgado de lo Penal nº6 de Sevilla a las 10,00 horas, acoge una vista oral para resolver las acusaciones de atentado a la autoridad, desacato, lesiones y desórdenes públicos que pesan sobre dos activistas de la PAH Sevilla, a cuenta de los incidentes acontecido el 19 de diciembre de 2013, en el marco del intento de desahucio de una anciana.
 
Para Tato y Rafa, la Fiscalía pide para cada uno dos años de cárcel y “multas por estipular, que oscilan entre los 6.000 y los 30.000 euros” fueron detenidos por la Policía Nacional el 19 de diciembre de 2013, por impedir el desahucio de una mujer de 81 años con alzheimer de su vivienda del número nueve de la calle Manzanares, en la barriada del Carmen de Sevilla, después de haber acordado con los agentes la no intervención “hasta que un médico forense certificase la situación en la que esta mujer se encontraba, que era el requisitos para su ingreso en una residencia”. “En un determinado momento, no se sabe muy bien por qué, los policías hacen una pequeña carga y entran en el bloque, pese a lo acordado, aunque no en el piso, que estaba bloqueado por dentro”, detallaba el colectivo.
 
“Por eso exigimos #AbsoluciónTatoyRafa, porque parar el desahucio de una anciana con Alzheimer debería ser una obligación y no un delito”.

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La PAH es y seguirá siendo apartidista

De cara a las elecciones de Galicia del 25S:

“La PAH nació hace seis años como una iniciativa de la ciudadanía para conquistar el Derecho a la Vivienda. Y lo hizo ante la pasividad de los partidos gobernantes y las instituciones públicas que arrastran graves carencias democraticas en todo el Estado.

En consecuencia, la PAH nace con clara conciencia colectiva, política y apartidista. Desde nuestro nacimiento hemos sido, y somos, una organización asamblearia, ciudadana y democrática, que no mantenemos vinculación ni apoyamos a partido alguno.

En los tiempos electorales que vivimos, algunas personas que participan en la PAH se han vinculado a distintas candidaturas, lo cual, en modo alguno podría interpretarse como que la PAH apoya alguna de esas candidaturas. Nada más lejos de la realidad. Desde su libertad individual, cada persona puede sumarse al proyecto que considere más justo, pero como movimiento ciudadano, la PAH es y seguirá siendo apartidista.

Especialmente graves son los casos en los que personas que sin tener ninguna vinculación con la PAH, aparecen en medios de comunicacion o redes sociales con nuestra camiseta como candidatos de tal o cual partido. Nos parece lamentable que esos partidos permitan esa utilización de los movimientos sociales y ciudadanos. Es totalmente inadmisible el uso del sufrimiento de la población por la vulneración diaria de sus derechos y su lucha para revertirla, con fines electoralistas.

Desde la PAH reconocemos, y no podría ser de otra manera, el derecho individual que asiste a cada persona de intervenir en los diferentes campos de la política institucional. No obstante, reclamamos a todas las personas y grupos politicos el respeto a la independencia y el apartidismo de la PAH.

En este sentido, rechazamos y denunciamos los usos que de la PAH o de nuestros símbolos se vienen haciendo, ya que hacen un flaco favor a la lucha diaria de miles de personas. Seguiremos siendo apartidistas porque nuestro objetivo es la conquista del derecho a la vivienda y vamos a seguir poniendo propuestas encima de la mesa de todos los partidos, exigiéndoles y señalizándoles si hace falta mientras sigan siendo nuestros derechos los que están en juego.

¡Si Se Puede!”

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Seguimos sin aprender…, de la Burbuja Inmobiliaria a la Crisis y a la Burbuja nuevamente.

¿Os acordáis de cuando veíamos pisos a principio de siglo?, hace nada 2000-2006, eran los tiempos de “lo veo, me gusta, lo quiero”, cuando entrar en una oficina bancaria eran todo sonrisas, la palabra “hipoteca” no daba miedo, casi daba “gusto”, no nos dolía escuchar según que cosas:
-Que si te compras un coche, que si quieres hacer obras en la cocina, que si no tienes aire acondicionado se lo pones…, eso se lo ofrecían a casi todo el mundo, veinte o treinta mil euros más, que se acababan transformando en una cocina, un salón o en un coche.

Claro que también había otra “fórmula” para pagar los propios gastos de apertura de una hipoteca, financiaciones del 120%, para gastos de notaría, etc…
Desde el punto de vista del negocio, los Bancos y Cajas hicieron lo que para ellos era lo mejor, desde el punto de vista de las personas era una “locura” meterse en unos créditos imposible de sostener “a futuros”, sobre todo con familias con trabajos precários, la falsa idea de vivir por encima de nuestras posibilidades bajo la creéncia de que siempre íbamos a ir hacia adelante, lo que se convirtió en una dependencia directa de los Bancos.

Hoy, años después ha cambiado todo, el coche, el viaje de novios y demás se acabó, ahora los préstamos son más escrupulosos en sus requisitos, se está pagando casi el triple de intereses que en cualquier hipoteca de “las de antes”. Hipotecas de doscientos mil euros que se convierten en hasta ciento-cincuenta-mil euros a más en intereses.
Actualmente tenemos familias que endeudadas agonizan, que lo han perdido todo y mantienen deudas “de por vida” y Cajas, convertidas en Bancos, judicializadas por falsear cuentas en sus salidas a bolsa, por vender preferentes a quien no debían, por darse sobresueldos, por darse pensiones enormes, y ahora están en proceso de investigación por conceder de forma masiva hipotecas a quien no debían sin “ningún control” o lo que es lo mismo, por estafa, por asociación ilícita, por administración desleal y por falsedad.

Tasaciones como vía de hinchar las hipotecas y concederlas irregularmente (nóminas de 800€ para hipotecas de 100.000€ sobre-tasada en 125.000€), con esa tasación. A más negocio hipotecario, estas entidades, podían emitir cédulas, bonos hipotecarios, y obtener liquidez para aumentar la rentabilidad y la solvencia de la caja.
Ahora les piden responsabilidades en los tribunales, por falsear nóminas; Bancos y Cajas e inmobiliarias, compinchados para conceder préstamos a clientes sin capacidad de pago, a precios de compra inflados respecto al valor real, familias hipotecadas sin ingresos regulares e imposible determinar la capacidad de pago.

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51 días de #ABANCAestafa

Como ya sabréis, hemos finalizado la acampada después de 51 días frente a la sucursal de ABANCA en Portonovo.
Aunque hemos soportado frío, lluvia, calor también hemos recibido el apoyo incondicional en los escraches y en la recogida de firmas a pie de oficina de más de 5000 personas volcadas contra la estafa a la familia Aguín.
Queremos aprovechar para mostrar nuestro más profundo agradecimiento a todo el pueblo de Portonovo (Sanxenxo), ya que su aliento y ánimos nos han reconfortado en muchos momentos en los cuales nos sentíamos solas y nos han ayudado a seguir adelante. También agradecer a todas las PAHs que con vuestras palabras de ánimo, cariño, visitas y fuerza habéis influido para poder aguantar tantos días: sin vuestro apoyo hubiese sido aún más duro. Gracias de verdad.

Pese a todos los obtáculos que hemos tenido queremos dejar clara nuestra determinación para continuar con la lucha, no hemos decaído, pues hemos demostrado que aún siendo pocas se puede dar mucha guerra.

En la PAH es la propia familia afectada la que se implica y lucha para solucionar su situación con la ayuda de todas.
Hemos conseguido el Alquiler Social, la condonación íntegra del reclamable del litigio hipotecario y la reestructuración del préstamo.

¡Sí Se Puede!

Continuamos.

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Rueda de Prensa de #Las5delaPAH

Nos volvemos a dirigir a los partidos y a toda la ciudadanía, para que conozca éstas demandas y para que le diga a los partidos políticos: “Sin las 5 de la PAH, Yo no os voto”.

1.- DACIÓN EN PAGO RETROACTIVA: Poner fin a las deudas de por vida, a deudas ilegítimas, garantizar el derecho a volver a empezar. Rescatemos a personas, no a la banca.
2.- ALQUILER ASEQUIBLE: El alquiler como una opción de vida segura, estable y a un precio asequible.
3.- STOP DESAHUCIOS: Ni una familia más en la calle.
4.- VIVIENDA SOCIAL: Poner fin a los pisos vacíos en manos de la banca creando un parque público de alquiler. No se entiende que haya gente sin casas y casas sin gente.
5.- SUMINISTROS GARANTIZADOS: No más cortes de agua, luz y gas.
Son 5 demandas de mínimos, necesarias, urgentes, destinadas a rescatar a la ciudadanía. Desde 2009 hemos puesto propuestas de solución sobre la mesa a todos los partidos y todos los niveles de la Administración. Hemos demostrado que perdiendo el miedo podíamos vencer a Bancos, financieras y fondos buitres. Hemos sido nosotras quien en ausencia de gobiernos valientes nos hemos organizado y combatido por nuestros derechos.
Existen soluciones. Vamos a estar presentes, a recordar a la ciudadanía estas 5 medidas. Y con su apoyo, dejaremos muy claro a los partidos políticos que sea quien sea quien gobierne tras las elecciones del 26 de Junio, estaremos llamando a su puerta desde el primer día.
Somos la PAH: familias que luchan por los derechos de todas. Y sin ninguna duda de que ganaremos, repetiremos cada día cada una de nosotras que Sin las 5 de la PAH, Yo no os voto.
Después de la ronda de reuniones que la PAH ha mantenido con los partidos políticos que se presentan a las elecciones del 26 de Junio hemos constatado que nada ha cambiado desde las últimas elecciones del 20 Diciembre en materia de vivienda.
Tanto Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, como el PSOE, el partido de Pedro Sánchez, quieren liderar junto al partido de los desahucios (el Partido Popular) de Mariano Rajoy el ranking de las vergüenza: 184 desahucios al día y desde la PAH no vamos a dejar de salir a las calles para visibilizar y señalizar que tanto PSOE, Ciudadanos y PP son los partidos de las cajas B, las tarjetas blacks, los que defienden a sus amiguitos de la banca mientras echan a miles de familias a la calle y las dejan en la miseria.
Que todo el mundo sepa que PSOE, Ciudadanos y PP no solo echan a las familias de sus casas sino que no quieren dejar de hacerlo. La oportunidad de legislar las 5 de la PAH acabaría con esta sangría y han dicho NO.
¡Este 2016 metemos las 5 de la PAH en el Congreso!
 
¡Sí Se Puede!
 
#Las5alCongreso
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#ABANCAnonGrata

El Sábado cumplimos 20 días acamPAHdas en la puerta de ABANCA de Portonovo y ya sabéis mas o menos el camino que llevamos recorrido contra ellos.

Por esto y mucho más, hemos lanzado una campaña para declarar “non grato” a ABANCA en Sanxenxo y elevamos al pleno del Ayuntamiento una moción para que debatan y se posicionen ante los desahucios en el Municipio.

Esta campaña se extiende a nivel nacional, venimos reforzadas de la XVII Estatal PAH celebrada el pasado fin de semana en Ansoáin y no vamos a tolerar que ABANCA ni ninguna otra entidad ponga en la calle a familias en nuestros municipios.

¡SI SE PUEDE!.PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO MUNICIPAL

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XVII Asamblea Estatal PAH

Gracias a las PAHs Navarras por la #XVIIestatalPAH

Después de la resaca de los talleres de alquiler y titulizaciones y de las reuniones de las comisiones de trabajo, arranca la #XVIIestatalPAH donde prima lo común sobre lo único, el trabajo colaborativo frente al individual.
La PAHPontevedra acude a la invitación de las PAHs Navarras a la #XVIIestatalPAH.

Nos volvemos a reunir después de meses de trabajo coordinado, 82 PAHs de forma presencial y alrededor de 26 PAHs en audio-conferencia a través “mumble” para disfrutar en “histeria” colectiva de la decisión del trabajo diario el apoyo y el afán por compartir.
“Esta asamblea se presenta cargada de ganas, empuje y propuestas que nos demuestran que nuestro movimiento, nuestras asambleas, siguen y seguirán respondiendo a los problemas concretos, adaptándose a nuevas realidades, abriendo caminos y marcando la agenda de los políticos que aunque intenten no hacerlo tendrán que escucharnos una vez más.
Somos 234 asambleas que desde el asesoramiento colectivo, el empoderamiento, el apoyo mutuo y la desobediencia ya hemos parado cerca de 2000 desahucios, realojado a más de 2500 personas y a arrancado a los bancos miles de daciones en pago y alquileres sociales. Y sobre todo que seguimos, seguimos con ganas de aprender, compartir, coordinar, organizarnos y seguir ganando miles de batallas como solo la ciudadanía organizada puede hacerlo, con cansinismo, alegría y mucho amor”.

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[VIDEO] #ABANCAestafa

Desde las 18h30, del Domingo 5 de Junio, estamos acamPAHdas en la oficina de ABANCA de Portonovo, Ctra. de La Lanzada, 5.

Recibimos a los medios de comunicación, y estaremos informando indefinidamente de que ABANCA estafa, a toda la ciudadanía hasta conseguir una solución total, para nuestra compa.

Leticia Aguin, es una madre soltera con dos niños e ingresos inferiores a 600€, ABANCA aún no ha depuesto su intención de desalojarla, formalmente.
Leticia había firmado una hipoteca y un crédito puente para adquirir una vivienda junto con su ex-marido, que además de no pasar pensión, tampoco paga su parte de la hipoteca. Debido a esto y a la crisis Leticia no ha podido hacer frente a ambos pagos.

En estos meses las negociaciones han ido a trompicones, se consiguió un acuerdo para el préstamo puente que ABANCA rompió, por lo cuál hemos hecho una serie de escrache estos meses, el principal problema para que avancen es que el negociador cambia lo dicho de una reunión a otra con la excusa de “yo no dije eso…”, “habéis entendido mal”, etc. y en la última reunión, cuando parecía que todo iba avanzando, el mediador se planta y dice que para volver a empezar a negociar Leticia y sus dos hijos menores de edad tienen que abandonar la vivienda pacíficamente, a lo cuál nosotras nos oponemos ROTUNDAMENTE, y no alega nada para justificar este cambio de actitud. Cabe destacar que su vivienda es de protección oficial y su hipoteca está referenciada al IRPH, el cual, sólo es válido para viviendas libres, por lo que, este interés es ILEGAL, (el mediador niega esto con rotundidad).

Aunque hemos vuelto a las negociaciones, y nos aceptan la condonación de la hipoteca, no quieren ni oír hablar de la condonación del ptmo. puente así que…, la asamblea de la PAH Pontevedra, ha decidido apoyar a su compañera y va a ACAMPAR delante de la entidad, hasta que nos den una solución justa y un alquiler social de verdad, ya que ahora ofrecen uno que no se ajusta al 20% de sus ingresos donde se incluya el pago de suministros.

EXIGIMOS condonación total de la deuda, tanto hipotecaria como del ptmo. puente ya que sin él, la compra de la vivienda no habría sido posible, también exigimos alquiler social en la misma vivienda.

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La PAH da el pistoletazo de salida a la campaña de señalización por las 5 de la PAH

La PAH comienza una campaña de movilización que se intensificara durante las elecciones para exigir el cambio de la ley de vivienda en todo el Estado.
 
Hoy sábado 4 de junio la PAH nos movilizamos en media docena de ciudades frente a las sedes del PP para declarar inconstitucional a su gobierno. Con esta acción damos el pistoletazo de salida a una campaña más amplia de señalización que se realizará durante la campaña electoral en defensa de las 5 de la PAH: cinco medidas de mínimos para acabar con la emergencia habitacional de una vez por todas.
 
Recordamos que esta misma semana el Tribunal Constitucional, bajo el mandato del gobierno en funciones de Mariano Rajoy, ha suspendido parcialmente la Ley 24/2015 de medidas urgentes contra los desahucios y la pobreza energética de Cataluña. Con esta suspensión, se elimina la obligatoriedad de los bancos a ofrecer alquileres sociales a las familias afectadas por procesos de desahucio, poniendo por delante los intereses de una banca acosadora a los derechos más fundamentales y básicos de la ciudadanía. Hablamos de un golpe de estado en toda regla, que vulnera directamente el artículo 47 de la Constitución que protege el Derecho a la Vivienda como principio fundamental de la democracia.
 
El PP envía un mensaje muy claro. No sólo no harán nada para evitar los desahucios, sino que bloquearan cualquier iniciativa ciudadana que asegure que las familias no se queden en la calle: como ya hicieron bloqueando la Ley de Vivienda del País Vasco, la de fueros de Navarra y la Ley andaluza de función social de la vivienda. Por si fuera poco, presentaron una enmienda a la totalidad de la Ley murciana de vivienda, cuya reforma ha sido impulsada por la PAH para incluir medidas contra los desahucios y la pobreza energética. Por estas razones, las familias acudimos frente a las sedes del PP con un Tribunal Popular para declarar inconstitucional al gobierno de Mariano Rajoy. Es el PP el que ha utilizado su posición de gobierno para violar de manera sistemática la Constitución ante una Unión Europea que ya ha declarado dos veces como ilegal la ley hipotecaria española. 
 
No nos quedaremos quietas contemplando los crímenes que el PP está cometiendo contra la ciudadanía. Desde que se fundó el colectivo, nuestra manera de hacer ha sido la de proponer soluciones que realmente son efectivas, y las 5 de la PAH son prueba irrefutable de ello: las 5 de la PAH se asientan en nuestra experiencia del día a día parando desahucios, arrancando daciones, recuperando vivienda vacía y evitando cortes de suministros. Demandas que volveremos a poner en el centro del tablero para que toda la ciudadanía tenga muy claro que votar al Partido Popular, es votar por un partido que se negó a reunirse con nosotras para si quiera explicarles el contenido de nuestras 5 demandas, que se negó a recogerlas en su programa electoral y que ha sido enemigo declarado de cualquier ley que recortara privilegios a la banca y a las eléctricas. Votar al PP, es votar contra las 5 de la PAH, contra la ciudadanía y contra los derechos humanos.
 
Por eso, tras el Tribunal Popular al PP, realizamos el primero de muchos actos en defensa de las 5 de la PAH: inundamos de color verde la calle, a nosotras mismas frente a la Delegación de Gobierno de Barcelona dejando claro nuestro propósito de trasladar el derecho a la vivienda al centro del debate electoral. Por medio de este acto inauguramos nuestra campaña bajo el lema “tiñete de verde”, con el que interpelaremos a todos los grupos parlamentarios a asumir nuestras 5 demandas y con el que acorralaremos al PP durante estas elecciones. En el resto del Estado, realizaremos chorizadas en medio de la vía pública y otras manifestaciones reivindicativas para mostrar de manera festiva que no les tenemos ningún miedo
 
Todo lo contrario, estamos convencidas de que llegó el momento para acabar con la impunidad de un PP que solo gobierna para la mafia financiera. Creían que podían aprovechar sus últimos días como gobierno en funciones para bloquear la última de una larga lista de leyes que protegía a las familias sin tener que asumir ninguna consecuencia. Ahora, frente a sus políticas inconstitucionales, la ciudadanía vamos a exigir el cambio de ley en todo el Estado. Ya advertimos que aunque el PP dijera que las 5 no cabían, las íbamos a meter en el mismo corazón del Congreso.
 
¡Y no pararemos hasta que todo el Congreso se tiña de verde y las 5 de la PAH se conviertan en realidad! 
¡El 2016 será el año en que se legisle el derecho a la vivienda!
 
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El TC suspende parte de la Ley 24/2015 admitiendo el recurso del gobierno en funciones del PP

La suspensión parcial de la ley surgida de la ILP Vivienda sólo deja vigente la parte de pobreza energética y las obligaciones que recaen en la administración

El Pleno del Tribunal Constitucional ha comunicado esta mañana la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad promovido por el gobierno en funciones del PP contra parte de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética.
La admisión conlleva la suspensión cautelar de los artículos relativos al mecanismo de segunda oportunidad (2, 3 y 4), del artículo que regula el alquiler social obligatorio por parte de los grandes propietarios (5) y la cesión obligatoria de pisos vacíos en el administración (artículo 7), así como las sanciones por la no aplicación de la ley y la cesión de créditos litigiosos (DT 2ª, DF 3ª, DA). Continúan vigentes los artículos que hacen referencia a la obligatoriedad de la Administración a un realojo adecuado y las ayudas al pago del alquiler en casos de pequeños tenedores de vivienda para evitar los desahucios, todas las medidas que hacen referencia a la pobreza energética (artículo 6) y la definición de las personas en riesgo de exclusión residencial (art. 05:10).
La aceptación del recurso con suspensión por parte del TC permite ejecutar finalmente elultimo servicio del gobierno del PP en la banca, la suspensión de la única norma que garantiza el cumplimiento del art. 47 de la Constitución Española. A partir de ahora, con el traslado de la demanda en el Congreso, el Senado, y al Parlamento y la Generalidad de Cataluña, estas instituciones disponen de 15 días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.
La Ley 24/2015 ha desmostrado durante 9 meses que era la única norma que existe en todo el estado español que garantizaba una segunda oportunidad a las familias, detener los desahucios y garantizar el realojamiento. El inconveniente por el PP, y parece ser que por el TC, ha sido que la ley recortaba los privilegios de la banca, para que no les permitía ejecutar los desahucios, los obligaba a hacer alquiler social a las familias y daba herramientas a la administración por hacer la cesión obligatoria de los miles de pisos vacíos que acumula la banca, pisos que no están cumpliendo su función social.
Ya hemos advertido públicamente que, pese al recurso, no aceptaremos ningún retroceso en los derechos que la Ley protege. Esto quiere decir que la parte de pobreza energética se debe hacer cumplir de forma urgente y con contundencia más que nunca a través de convenios que responsabilicen las suministradoras y con sanciones. Por otra parte hay que movilizar viviendas vacías hacia alquiler social a través de las multas y sanciones en base a la Ley 18/2007.
Hay que recordar además, que queda vigente la obligatoriedad de la Administración Pública a realojar ya las ayudas al pago del alquiler. Esto supone que los presupuestos de la Generalidad, ahora en discusión, deben contemplar una partida suficiente para cubrir las necesidades en vivienda. Ayer mismo tuvimos interpelar a los Grupos Parlamentarios para que no den su apoyo a unos presupuestos que no estén comprometidos con garantizar los desahucios cero, es decir, el derecho a la vivienda. Presupuestos, que a día de hoy, no lo pueden garantizar.
Esta misma necesidad la compartieron con el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 los 12 Ayuntamientos más poblados de Cataluña, acordando instar a la Generalitat a aumentar la partida presupuestaria destinada a políticas públicas de vivienda para dar respuesta a la emergencia habitacional y abrir urgentemente la convocatoria de nuevas ayudas de alquilereste año y los siguientes en forma de convocatoria abierta permanentemente, como se hace en el resto de Europa, lo que permitiría evitar miles de desahucios
De cara a las elecciones del 26J recordaremos a los partidos que se presentan su compromiso de retirar el recurso puesto por el PP al TC, pero a la vez nos dejaremos la piel en nuestra casa para activar todas las herramientas vigentes para seguir garantizando el derecho a la vivienda.
Avisamos a las entidades financieras ya los partidos políticos que responden a sus intereses que no podrán evitar que el clamor social para reconquistar el derecho a la vivienda digna se haga realidad!

ILP habitatge —> Noticias

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El #BloclaBordeta, ¡és de todas!

Hace más de 15 meses que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona recuperó la función social de un bloque de vivienda, el Bloc la Bordeta, a nuestro barrio de Sants.

El próximo miércoles 1 de Junio la SAREB nos lleva a juicio por “usurpación”.

El edificio, en manos de la SAREB (el banco malo), ni siquiera se había acabado de habilitar y llevaba 8 años vacio. En el marco de la campanya de la Obra Social PAH, el edificio ha sido el hogar de 9 familias sin una alternativa habitacional adequada y que han rehecho su hábitat en el entorno del barrio, encontrando una anhelada estabilidad y tranquilidad en el barrio de Sants; un barrio que sufre un déficit importante de vivienda asequible para nuestras vecinas.

El pasado 22 de febrero el Bloc la Bordeta cumplió 1 año de su permanencia en el barrio y en esta ocasión sacamos un comunicado en el que manifestamos nuestras demandas y los argumentos por los cuales exigimos que este bloque pase a formar parte del parque público de vivienda de Barcelona.

Ahora la PAH ha pedido la ayuda de todos los colectivos del barrio y de Barcelona para conseguir una respuesta efectiva por parte de las administraciones públicas y de la SAREB.

Exigimos que:

1.Se pare el juicio ya que hay una negociación abierta.

2. El edificio sea cedido a la administración y pase a formar parte del parque de vivienda pública en regimen de alquiler social.

3. Que se respete el deseo mayoritario de sus actuales habitantes de quedarse en su hogar y en su barrio.

Estamos orgullosas de contar no solamente con la fuerza de nuestra familia de PAHs de todo el estado, sino que también con el apoyo de muchos colectivos de nuestro barrio y de nuestra ciudad. Sabemos que luchando todas juntas, ganaremos!

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La PAH y 15MpaRato piden a los partidos políticos respeto por la sociedad civil organizada en e#15mPAHrato @La_PAH y @15MpaRato piden a partidos respeto por la sociedad civil organizada en aniversario del #15Ml aniversario del #15M

En el 5ª aniversario del 15M desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que hace efectivo el derecho a una vivienda digna y 15MpaRato acusación ciudadana que abrió e impulsa el Caso Bankia en la Audiencia Nacional queremos recordar que:

– Fue la ciudadanía organizada, especialmente a partir del 15M, la que acabó con el bipartidismo y la hegemonía del PPSOE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: pabloMP2P

– Fue la ciudadanía la que inauguró lo que se ha dado en llamar “nueva política” y no los partidos, que siempre van a la zaga de la sociedad.

Si algo deberían haber aprendido los partidos de esta nueva forma de ver la política inaugurada por el 15M es, precisamente, una nueva manera de relacionarse con lo movimientos sociales y con la ciudadanía: desde el respeto al otro, la igualdad y la colaboración y no desde la agotada lógica hegemónica que considera a los partidos como única solución de los problemas sociales porque, como demostramos, no lo lo son. Tal y como la sociedad diagnosticó en el 15M, la partitocracia es el problema y no la solución.

Nos vemos obligados a expresar públicamente nuestra preocupación ante la nueva campaña electoral ya que a diario sufrimos las consecuencias de la tergiversación y apropiación del trabajo que hacemos colectivamente como ciudadanía y sabemos que esta situación suele llegar a su cúlmen durante la campaña electoral. Que Podemos e Izquierda Unida hayan decidido utilizar el 15M para iniciar su campaña o propongan uno de los slogans de la PAH como su slogan electoral  nos hace presentir que esta vez no va a ser diferente.

Antes, durante y después de la campaña electoral, pedimos a las diferentes candidaturas que dicen hacer nueva política:

– Que reconozcan el trabajo de la sociedad civil organizada; no solo el de la PAH o el de 15MpaRato si no de todas las iniciativas ciudadanas organizadas que están consiguiendo, no sin grandes esfuerzos, grandes cambios.
Reconocer no es sustituir o representar. Reconocer es reconocer y dejar trabajar.

– Que escuchen a sus bases y a muchos de sus militantes, las cuales nos demuestran cada día que se pueden tender cientos de puentes de apoyo y reconocimiento mutuo, cosa que no acaba de concretarse por la actitud y los mensajes que las cúpulas difunden en los medios y que acaban copando todo quanto llega a la opinión pública, silenciando de facto el trabajo vivo de la sociedad civil.

-Que sean conscientes de que esta vuelta a la lógica de la partitocracia, donde nada es reconocido fuera de tu partido, nos desmoviliza como sociedad civil; exactamente lo contrario de lo que conseguimos con el 15M.

Sabemos que es posible porque estas relaciones, más sanas y constructivas, existen ya entre ciudadanía y algunas candidaturas electorales que sí articulan – aunque a veces con desencuentros propios de una democracia -, otro tipo de prácticas más enriquecedoras y respetuosas con la indentidad del otro, haciendo posibles espacios de colaboración, intercambio y apoyo mutuo.
Por eso pedimos, concretamente a Izquierda Unida y Podemos, una campaña electoral respetuosa que no juegue a confundirse con iniciativas y logros de la ciudadanía y del 15m que quiere mantener su independencia.

Por último queremos recordar al PSOE, que últimamente ha hecho guiños de simpatía al 15M, que éste surgió durante y a causa de su gobierno, que lo ignoró y reprimió.
Tenemos memoria. Si quieren sorprendernos y apoyarnos que sea con hechos concretos, pero que no apelen al 15M para engañar a la gente en campaña electoral.

Deseamos poder seguir trabajando cada uno en sus ámbitos concretos, con y para el común de la ciudadanía apoyándonos y reconociéndonos mutuamente.

Deseamos poder elegir a quién votar y a quién no por los hechos, no por los mensajes de marketing electoral.
Así es la sociedad civil que se ha forjado en el 15M.

¡Seguimos!

afectadosporlahipoteca.com/Comunicados/PORTADA

15MpaRato/Comunicados

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Las PAHs consiguen el cambio de ley de vivienda en Murcia

Coordinadora regional de PAHs de Murcia

El PP rinde servidumbre y pleitesía a la banca y las suministradoras de agua luz y gas, mientras impide la acción de los Parlamentos Autonómicos en favor de las familias con problemas. La acción de gobierno del PP en materia del Derecho a la Vivienda, se puede fácilmente resumir en una frase: servidumbre y sumisión total a los intereses de la banca y a las suministradoras de agua luz y gas. En 2013 se vio obligado a admitir la ILP de la PAH en contra de su voluntad, pero en su trámite, la desnaturalizó convirtiéndola en la ley 1/2013, un instrumento para garantizar el mantenimiento de las cláusulas abusivas impuestas por los bancos a las gentes hipotecadas, así como las enormes deudas que se mantienen de por vida después de perder su casa en un injusto y arbitrario procedimiento de ejecución hipotecaria.

Conseguimos recurrir al TC esta ley, que lo admitió a trámite, sin que haya vuelto por el momento a pronunciarse. Sí lo ha hecho sin embargo el Tribunal de Justicia de la UE, que la ha revolcado ya 7 veces en los 3 años que lleva en vigor, y las que les quedan. La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de sanción contra España, por no haber adaptado los mecanismos de ejecución hipotecaria a la normativa europea en materia de derechos de los consumidores, y ha dado un plazo de 2 meses para que se modifique el procedimiento, hecho altamente improbable dada la situación de gobierno en funciones y Cámaras disueltas, por lo que, con toda probabilidad, habrá sanción económica que pagaremos entre los desahuciados y los demás.

El viernes el gobierno en funciones, en vez de extenderla al resto de España, ordenó recurrir al Constitucional la ley catalana 24/2015, pidiendo además su suspensión al Tribunal. Esta era la única ley que en España impedía los desahucios, y garantizaba el acceso a los suministros básicos, a quienes no pudieran pagarlos. Tampoco ha sido la primera vez, ya recurrió el decreto ley 6/2013 de Andalucía, la ley foral de Navarra 24/2013, la Ley 3/2015 de vivienda del País Vasco y la Ley 2/2014 Canaria de vivienda, todas ellas orientadas a paliar las situaciones de emergencia social y habitacional. En la Región de Murcia, el PP impidió a la PAH en septiembre de2014 iniciar la recogida de firmas de una ILP, e infestado de electoralitis aguda, en marzo de 2015 (2 meses antes de las últimas autonómicas), aprobó una inútil ley que ni ha impedido los desahucios, ni ha ayudado en modo alguno a las familias en dificultad.

En octubre 2015, las PAHs de la región, acudimos a la Asamblea Regional para recabar de los grupos políticos una ley como la catalana 24/2015, guante que recogieron PSOE y Podemos, que elaboraron y registraron un proyecto que reforma la electoralista e inútil ley de marzo de 2015, y que en debate público promovido por la PAH y celebrado en la pasada campaña de diciembre, consiguió el compromiso público de apoyo por parte de Ciudadanos.

En el trámite de ese proyecto en la Asamblea Regional, el portavoz del PP ha presentado una enmienda a la totalidad que, lejos de ser una propuesta alternativa al texto propuesto, se limita simplemente a pedir que no sea debatido y que la olvidemos. Nos parece indecente e inadmisible que el PP carezca de propuesta y se limite a tratar de impedir el debate, en una región con casi 7 desahucios diarios de media y un creciente número de ejecuciones hipotecarias.

Esa enmienda fue rechazada por toda la oposición, y se inició el trámite ordinario, que ha concluido hoy con la aprobación de la ley gracias a los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos, y pese al rechazo del PP.
En la PAH, valoramos el avance que constituye en la Región de Murcia para la negociación de los procesos, para la garantía en los suministros básicos, y también para frenar los desahucios, a pesar de estar aun muy lejos de las 5 de la PAH, o de la ley 24/2015 de Cataluña, por lo que nuestra lucha por estas propuestas no se va a modificar en modo alguno.

Por último, exigimos al gobierno regional de Murcia que, una vez aprobada, adopte de inmediato las medidas necesarias para que la ley pueda en vigor de forma inminente. También exigimos al Gobierno en funciones que se abstenga de recurrirla al Constitucional, posibilidad contra la que lucharemos con todas nuestras fuerzas. Más aún, las más de 220 PAHs con presencia en todo el Estado continuaremos con procesos para el cambio de las leyes, como el conseguido hoy en Murcia. Y no pararemos hasta alcanzar un cambio de ley que asegure el Derecho a la Vivienda en todos los rincones del país. Cada día estamos demostrando que legislar en nombre de los derechos básicos es cuestión de voluntad política: esta siendo la ciudadanía la que sin recursos salva las vidas en juego, parando desahucios y proponiendo cambios para terminar con la sangría. Nuestra convicción, es tan férrea como nuestras victorias. Por eso, sin ninguna duda, sabemos que ganar es solo cuestión de tiempo.

¡Sí se puede!

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Libro Rojo APE (Aliança Contra la Pobresa Energètica).

Hoy os traemos el Libro Rojo de APE (Aliança contra la Pobresa Energética), que os ayudará a defenderos en el caso de que no podáis pagar los suministros de vuestros hogares, pincha y descarga, difúndelo es gratuito.

La pobreza energética en el Estado español es una realidad que ya arrastra a la muerte a más de 7.000 personas, unas 800 en Galicia en 2015.
Un 1 8% de la población Gallega tiene dificultades para pagar la luz, el gas o el agua.

La desigualdad en los ingresos de los hogares durante la crisis, ha triplicado la pobreza energética en España, que afecta a una de cada diez familias, lo que en cifras absolutas se traduce en casi dos millones de hogares.
Los gallegos deben dedicar más del 10% de sus ingresos al pago de la energía, una situación en la que se encuentra hoy el 18% de las familias gallegas, unas 455.000 personas, cuando Galicia exporta el 40% de su producción eléctrica.

Son demasiadas las familias que se ven obligadas a decidir entre pagar la hipoteca, pagar la energía y el agua o alimentar a sus hijos e hijas, y ésto sin contar a los colectivos de personas que, por motivo de salud, un corte en el suministro energético pone en grave peligro su vida. Las rentas bajas con menores ayudas y transferencias públicas y el mayor consumo debido a la peor eficiencia deja a Galicia como la la cuarta autonomía con menor nivel de pobreza energética.
El bono social (ticket eléctrico de la Xunta de 90€/año) con un descuento del 25 % en la factura de la electricidad, además de ser un cheque destinado a pagar solo la luz (que representa el 60 % del consumo energético), se muestra ineficaz al excluir los consumos de agua y gas.

A los menores ingresos por la crisis se suma, como factor multiplicador del riesgo de sufrir pobreza energética, el desproporcionado incremento de los precios, pues entre el 2016 y el 2014 la factura eléctrica de un hogar medio en España subió un 76 % y un 35 % la factura de gas natural.

Desgraciadamente todo ésto, el oligopolio energético -Iberdrola comercializa casi el 43% de la electricidad que llega a nuestros hogares. Endesa, casi el 32% y Gas Natural Fenosa, cerca del 17%. En total casi un 92% de las familias españolas compran la electricidad a una de las tres grandes, que lejos de sufrir la crisis, aumentan sus beneficios y no dudan en incrementar las tarifas: la electricidad ha subido un 83% desde 201 3 y el agua se ha encarecido en un 65% desde 2008.

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El Grupo Promotor de la Ley 24/2015 plantea alternativas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda y los suministros

La respuesta al recurso contra la Ley 24/2015 no puede ser otra que activar medidas inmediatas por parte de todas las administraciones

El pasado viernes 29 de abril, el Gobierno del PP anunció que interpone un recurso con suspensión cautelar ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 24/2015. El recurso impugna y pide la suspensión de los artículos relativos al mecanismo de segunda oportunidad (2, 3 y 4), del artículo que regula el alquiler social obligatorio por parte de los grandes propietarios (5) y la cesión obligatoria de pisos vacíos en el administración (artículo 7), así como las sanciones por la no aplicación de la ley y la cesión de créditos litigiosos (DT 2ª, DF 3ª, DA). Continúan vigentes los artículos que hacen referencia a la obligatoriedad de la Administración a un realojo adecuado y las ayudas al pago del alquiler en casos de pequeños tenedores de vivienda para evitar los desahucios. La presión en la calle ha conseguido salvar todas medidas que hacen referencia a la pobreza energética (artículo 6).

Este recurso llega de un Gobierno en funciones que, haciendo caso omiso del amplio apoyo popular con que cuenta la ley y movido por el pánico al precedente que sienta la Ley que amenazaba a extenderse a otras comunidades, ha preferido responder a los intereses de la banca que le pedía eliminarla. Porque es una ley que funciona, y las entidades financieras han tenido que co-responsabilizarse de las situaciones de miles de familias que estaban en riesgo de perder su vivienda. El Gobierno y las entidades financieras no querían mantener mecanismos que daban cumplimiento al artículo 47 de la Constitución y recogía la vivienda como un derecho. Sin embargo, no hay ninguna alternativa por parte del PP: las medidas de la última legislatura -cuestionadas constantemente incluso desde los tribunales europeos- no han cambiado la realidad de la emergencia habitacional. Hemos tenido que ser la ciudadanía organizada que propusiéramos un texto, después de recoger 145.000 firmas y apoyos y adhesiones, y se aprobara por unanimidad y se convirtiera en la única Ley que tiene por objetivo revertir la emergencia habitacional de todo el estado. Y también ha sido desde la calle desde donde se ha defendido esta gran conquista con una respuesta ejemplar en forma de protestas en todo el estado.

Dos días después de que el PP consumara este golpe de estado del PP y de la Banca y burla gravísima a la democracia por parte de un gobierno en funciones en su último minuto, la respuesta de quien hemos impulsado y apoyado esta Ley no se hará esperar.

El día antes de la cumbre donde la Generalitat ha convocado a los actores implicados para responder al recurso, presentamos la hoja de ruta inicial para evitar un retroceso en los derechos que la Ley 24/2015 protege. Esta hoja de ruta recoge las acciones que las instituciones y administraciones deben aplicar de forma coordinada y con un criterio de urgencia y de prioridad para asegurar este objetivo.

A la Generalitat y los Ayuntamientos:

  • Hacer cumplir con contundencia la parte de pobreza energética, porque no ha sido impugnada y porque prácticamente no ha sido aplicada, haciendo efectivos ya convenios y sanciones.

  • Activar inmediatamente nuevos instrumentos y acciones urgentes que ofrezcan la cobertura que daban los artículos impugnados.

  • Nuevos instrumento legislativos como respuesta a la impugnación de los artículos 2, 3, 4, 5 y 7.

  • Apuntalar prioritariamente el pico de desahucios derivados del recurso movilizando de forma inmediata 16.000 viviendas al año y penalizando el parque de viviendas vacíos de los bancos con la Ley 18/2007, así como reforzando líneas de ayudas al pago del alquiler, cubriendo el vacío temporal y haciendo efectivo el derecho al realojo.

  • Exigir a las entidades financieras y grandes propietarios que sigan cumpliendo los estándares de protección y de actuación que establece la Ley 24/2015, y predicar con el ejemplo manteniéndolos y extendiéndose a las políticas públicas de vivienda.

Al Parlamento: control al Gobierno y garantía de que los derechos que protegía la Ley 24/2015 se siguen garantizando desde el primer día.

A los partidos que se presentan al 26J: retirar el recurso cuando se forme nuevo gobierno y extender la Ley en el resto del estado.

Adjuntamos un documento donde se detallan estas demandas. Presionaremos para que se cumpla igual que hemos hecho en la aplicación de la Ley y como hemos hecho siempre en nuestra defensa del derecho a la vivienda.

Sobre la “cumbre” convocada por el presidente Puigdemont, queremos dejar claro que su objetivo no puede ser otro que concretar de qué manera aseguramos que los estándares de protección de derechos que marca la Ley 24/2015 se sigan cumpliendo sin ningún retroceso. El Grupo Promotor y su hoja de ruta deben tener un papel clave: en las dos últimas semanas nos ha faltado información por parte de los 2 gobiernos y eso ha perjudicado la defensa de la ley.

Ante las reacciones al recurso de los últimos días advertimos que las grandes declaraciones de intenciones no paran desahucios ni cortes, pero a la vez tampoco conseguiremos nada si nos resignamos y aceptamos la impugnación sin reaccionar con valentía y determinación. Ahora lo que hace falta es estar a la altura haciendo cumplir la parte de la Ley que ha sido salvada del recurso gracias a la presión de la calle y llenando el vacío que puede generar la impugnación en la parte de vivienda.

En los próximos días convocaremos una acción estatal para finales de mayo en la calle, de reacción contra el recurso, y que será a la vez el lanzamiento de la campaña de presión para poner el derecho a la vivienda en el centro de la campaña del 26J.

Descargate el documento de hoja de ruta del grupo promotor: Ruta inicial, Ley 24/2015

#AvuiEsPot
#AlertaPP
#NiUnPasoAtrás

http://bambuser.com/v/6240596?s=sc

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Lety Vs ABANCA

Vivenda emplaza a un banco (ABANCA) a evitar el desahucio de una mujer y sus hijos.

Hasta la Xunta de Galicia le recuerda a ABANCA que tienen un convenio firmado, pero nosotras les recordamos más que eso:

 
– Leticia va a seguir en su vivienda el año que le corresponde por ley.
– Leticia no va a firmar ningún “mal acuerdo”, el préstamo “puente” para acceder a una vivienda de VPO va incluído dentro de la “mochila” que ABANCA se queda por haberla desahuciado de su vivienda —> DACIÓN EN PAGO RETROACTIVA.
– Leticia después de ese tiempo tendrá su ALQUILER SOCIAL, pues es una familia monoparental con dos menores e ingresos de 600€/mes.
 
Y nosotras le recordamos a la Xunta, que hemos recibido su correo y que ellos tienen en su mesa “Las 5 de la PAH”:
 
1. DACIÓN EN PAGO RETROACTIVA
 
– Mecanismos de segunda oportunidad para conceder la dación en pago y la condonación de la deuda.
-Inembargabilidad de la vivienda habitual de avalistas.
-Eliminación de cláusulas abusivas y compensación económica por las mismas
 
2. ALQUILER ASEQUIBLE
 
-Reforma de la LAU para dar seguridad y estabilidad.
-Ampliación a un mínimo de 5 años y/o fórmulas en las cuales el contrato solo se pueda rescindir en casos concretos de urgencia.
-Establecer un marco de regulación de los precios que corresponda a los ingresos de la población
 
3. STOP DESAHUCIOS
 
-Moratoria sobre desahucios de primera y única vivienda.
-Obligación de bancos y grandes tenedores de vivienda de ofrecer el alquiler social a las familias afectadas antes de ejecutar un desahucio.
-Ayudas a pagar el alquiler cuando el propietario es un pequeño tenedor.
-Obligatoriedad de la Administración Pública a ofrecer realojos incluso frente a casos de ocupación.
-Asegurar el Derecho de Arraigo en los realojos, ofreciéndolos en el mismo municipio y barrio.
 
4. VIVIENDA SOCIAL
 
-Movilización de vivienda vacía mediante la cesión obligatoria.
-Incrementar el parque público de vivienda.
-Alquileres Sociales no superiores al 30% de los ingresos de la unidad familiar.
 
5. SUMINISTROS GARANTIZADOS
 
-Principio de Precaución: garantía de no cortar los suministros básicos de agua, luz y gas sin antes tener información sobre la situación de las afectadas.
-Bono Social: pago en función de la capacidad adquisitiva.
-No asumir las deudas con recursos públicos, obligando a las suministradoras a que asuman el coste de las familias que no puedan pagar.
 
Y que ningún “tocho” de medidas es más garantista que la Ley de la PAH aprobada en el parlamento de Catalunya y que el Partido Popular pretende derogar en el Tribunal Constitucional.
 
Somos muchas, estamos enfadadas y NO VAMOS A PARAR hasta que no dejen de echar a las familias a la calle.
 
¡NOS VEMOS EN LA CALLE!
¡SI SE PUEDE!